Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, denunció este miércoles que la condena de 30 años de prisión impuesta a su yerno, Rafael Tudares, constituye una represalia política dirigida a su familia y a la disidencia venezolana.
“Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, escribió González Urrutia en su cuenta de X.
El opositor vinculó la sentencia directamente a la elección presidencial del 28 de julio de 2024, al considerar que el fallo busca distorsionar la voluntad de los votantes y afectar su liderazgo.
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En su mensaje expresó: “Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Es una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución”.
La condena a Tudares fue confirmada por Mariana González, hija del ex candidato presidencial.
Según su comunicado, difundido también en X, la pena máxima fue dictada tras una única audiencia de más de 12 horas.
Mariana González explicó que ni ella ni los abogados de la familia han tenido derecho a revisar el expediente judicial, ni a conocer el número de la causa durante su fase de juicio.
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Tampoco se permitió a Tudares designar un abogado de su confianza y se le impuso un defensor público del que no se recibió información sustantiva.
“Nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso ni obtener una copia del expediente seguido en contra de mi esposo”, denunció. Afirmó que la única comunicación ha sido a través de notificaciones telemáticas, y que el Estado justifica la confidencialidad del proceso dada la naturaleza del caso.
Y agregó: “Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Frente a esa realidad, la defensa de los derechos y de la dignidad de todos los venezolanos se mantiene firme y no retrocede. Mi compromiso —siempre firme— es seguir trabajando por la libertad de Rafael, de todos los presos políticos y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada en Venezuela. Esa causa no admite renuncias”.
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El caso ocurre en un contexto ampliamente documentado por organismos internacionales. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU ha señalado desde 2020 patrones de “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas y procesos judiciales sin garantías”, especialmente dirigidos contra opositores o personas vinculadas a ellos.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han descrito “persecución penal sistemática” y uso de cargos de terrorismo para silenciar disidencia. El régimen de Nicolás Maduro ha negado estas acusaciones, pero no ha permitido visitas plenas de verificación en centros de reclusión como El Helicoide o La Tumba, donde organizaciones de derechos humanos reportan torturas y aislamiento prolongado.
La dimensión política del caso es evidente para los aliados de González Urrutia. Tras la elección de 2024, cuyos resultados oficiales favorecieron a Maduro, misiones de la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA y varios gobiernos latinoamericanos señalaron serias irregularidades, falta de transparencia en la totalización, intimidación de testigos, censura informativa y la detención de miembros de la campaña opositora.
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Un recuento independiente de actas difundido por la oposición indicó una victoria clara de González Urrutia, lo que desató protestas masivas que fueron reprimidas con violencia. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó entonces muertos, heridos y detenciones sin orden judicial.
González Urrutia —ex diplomático, convertido en candidato sustituto de María Corina Machado tras su inhabilitación— tuvo que abandonar Venezuela después de que el régimen chavista colocara una recompensa por su captura.
En este escenario, la condena a Tudares Bracho introduce un nuevo capítulo en el historial de represalias contra familiares de opositores. Organizaciones como Foro Penal han registrado más de 300 casos en los últimos años en los que el régimen recurrió a “detenciones por sustitución”, apresando a familiares de activistas para forzar silencios, confesiones o concesiones políticas.
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