La oposición venezolana insistió este jueves en su pedido por salvoconductos para los cinco asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, cuando se cumple un año de su ingreso, producto de “la feroz arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la dirigencia” del partido de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
La Plataforma Unitaria Democrática escribió en sus redes sociales que Magallí Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos llevan 365 días “rehenes” del chavismo y víctimas de “asedios” y todo tipo de abusos a sus derechos.
“Cuando una embajada es asediada y amenazada, se convierte en una cárcel”, apuntó la agrupación, que destacó así las múltiples fallas a los mecanismos de protección internacional y llamó, por tanto, a respetar lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 -a la que tanto Argentina como Venezuela suscriben- por medio de la emisión de garantías para la salida segura del país de los cinco civiles.
María Gabriela Olavarría, coordinadora del Comando con Venezuela en España, también impulsó el reclamo en Europa, donde pidió la intervención del ministro José Manuel Albares, como ya ocurrió el pasado septiembre, cuando intercedió ante el régimen de Maduro y consiguió que González Urrutia abandonara Caracas de manera segura.
“Queremos su intervención para que nos permita justamente seguir haciendo gestiones para lograr el salvoconducto de nuestros compañeros y la salida segura del país”, dijo Olavarría, que sumó que, en tanto eso ocurre, también solicitan el permiso para “una visita humanitaria a la sede diplomática, para constatar el estado en el que se encuentran estas personas, cuyas vidas corren peligro”.
“Esta situación se agrava cada día más, se agrava su situación física, mental, emocional y, realmente, ya lo que se vive allí es insostenible”, advirtió.
El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, y la agrupación política COPEI también acompañaron estas palabras y se unieron “a la exigencia de salvoconductos ya, para todos”.
Los opositores ingresaron en la Embajada el 20 de marzo de 2024 luego de que el fiscal general Tarek William Saab emitiera órdenes de arresto en su contra por lo que -aseguró- fueron las declaraciones del disidente detenido poco antes, Emil Brandt, en las que se los acusaba de supuestamente estar vinculados con “acciones violentas” y actos conspirativos contra el chavismo.
Sin embargo, la persecución contra ellos por “ejercer sus derechos políticos” no cesó una vez allí dentro; por el contrario, se incrementó con el correr de las semanas.
En agosto de 2024, un cruce entre Maduro y el presidente argentino, Javier Milei, llevó a que la Embajada quedara en manos de Brasil que, no obstante, también se vio presionado por el oficialismo para abandonar su rol, que se negó a hacer.
A la par, el Palacio de Miraflores ordenó un intenso operativo policial en las inmediaciones, con hombres fuertemente amados, drones de vigilancia y cortes de calle, con el objetivo de intimidar a los asilados, mientras que los privó del acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua, de los que solo pueden valerse de manera intermitente gracias a medidas de emergencia implementadas.
En diálogo con Infobae en Vivo, González señaló que “desde el primer día, esto se ha sentido como un encierro sin fin” y que su vida se ha convertido “en una lucha constante por la supervivencia”.
Este “refugio que se ha convertido en una prisión bajo la cruel dictadura de Nicolás Maduro“, lamentó.
(Con información de EFE)