La muerte de un prófugo durante un operativo policial volvió a poner bajo discusión en República Dominicana la llamada “práctica 29”, una denominación que sectores críticos utilizan para referirse a muertes de personas buscadas por la Justicia que son atribuidas por la Policía a intercambios de disparos.
El término no forma parte de la doctrina ni de los protocolos oficiales de la Policía Nacional, pero ha ganado presencia en el debate público ante la sucesión de casos registrados en distintas provincias. Juristas y organizaciones que cuestionan estos operativos advierten sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, mientras la institución sostiene que sus agentes responden ante agresiones armadas, es necesario aclarar que no existe una orden para matar a sospechosos.
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La discusión volvió a instalarse esta semana tras la muerte de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como “Lucifer”, en el Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional.
El hombre murió luego de recibir disparos de una patrulla policial mientras caminaba por una calle del sector. En redes sociales circularon varios videos que captaron el momento en que cayó al suelo y fue subido por agentes a una camioneta del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos (Dicrim).
Las autoridades señalaron que “Lucifer” era buscado por presuntos robos y atracos. El episodio quedó bajo la misma explicación que suele acompañar estos hechos: la Policía afirma que los agentes actuaron ante una situación de riesgo o frente al uso de armas por parte de las personas requeridas.
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Las denuncias sobre la práctica 29 cuestionan, precisamente, si todos esos operativos se ajustan a los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto por el debido proceso.
El debate ocurre después de un llamado del presidente Luis Abinader para que los prófugos se entreguen. Desde el Gobierno y la Policía se ha insistido en que quienes se presenten ante las autoridades podrán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.
Esa postura busca diferenciar las detenciones y entregas voluntarias de los casos en los que, según la versión oficial, hay resistencia armada.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, negó que la institución tenga lineamientos para atentar contra la vida de personas buscadas. “Desde la Policía Nacional no existe un lineamiento para ir a atentar contra la vida de nadie”, afirmó en declaraciones brindadas al Listín Diario. También sostuvo que, si una persona requerida se entrega, no tendrá inconvenientes, y que los agentes responden de forma proporcional si son atacados.
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Pesqueira aseguró que más de 240 personas buscadas por la Justicia se entregaron a las autoridades y fueron sometidas a los tribunales. Para la institución, esa cifra respalda su planteo de que las dependencias policiales están abiertas para recibir a sospechosos y garantizar sus derechos durante el proceso.
La controversia se profundizó luego de que recopilaciones periodísticas registraran al menos 21 muertes de presuntos delincuentes en supuestos enfrentamientos con la Policía durante octubre en diferentes zonas del país. En la mayoría de esos casos, las víctimas eran señaladas por robos, atracos, homicidios u otros delitos, mientras las versiones oficiales indicaron que los agentes repelieron ataques.
La expresión “práctica 29” concentra así dos relatos opuestos. Por un lado, el de las autoridades, que defienden sus intervenciones como respuestas a agresiones armadas. Por otro, el de quienes reclaman investigaciones independientes para determinar si las muertes ocurrieron en enfrentamientos reales o si se produjeron fuera de los procedimientos establecidos por la ley.
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