Más de mil familias de Santo Domingo Este celebraron la obtención de sus títulos de propiedad tras años de incertidumbre sobre la tenencia de sus viviendas. La entrega de 1,000 certificados legales en el sector Los Frailes representa un avance significativo en seguridad jurídica y patrimonio familiar para los beneficiarios de esta zona de la capital dominicana.
El acto se realizó en el Centro Educativo Fe y Alegría, donde autoridades y residentes participaron en la ceremonia que formalizó la regularización de terrenos que, durante décadas, permanecieron sin documentación legal. El proceso incluyó la intervención de 246,115.30 metros cuadrados y requirió superar numerosos obstáculos legales y registrales, según la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT).
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La jornada de entrega impactó directamente a más de 4,000 personas, que ahora cuentan con la tranquilidad que otorga el documento que acredita la propiedad de sus hogares. Esta acción marca una diferencia sustancial en la vida de las familias, quienes además se beneficiaron de un ahorro colectivo de RD 80 millones, ya que recibieron sus títulos de manera gratuita. Según explicó el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez, este documento habría tenido un costo elevado si se gestionaba por la vía privada.
El presidente Luis Abinader destacó durante el evento la importancia de la iniciativa: “La entrega de 1,000 certificados de títulos de propiedad en el sector Los Frailes representa un paso trascendental de justicia social y dignidad para las familias beneficiadas, al brindarles la seguridad jurídica sobre sus hogares, fortalecer su patrimonio y abrirles las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo”.
Abinader subrayó el impacto directo de la regularización: “Este es uno de los actos que más disfruto, porque realmente lleva tranquilidad a la familia”. Según el mandatario, con la entrega de estos títulos se pone fin a años de incertidumbre y se otorga a los beneficiarios la certeza de que sus viviendas les pertenecen legalmente. “Los terrenos son para los que los han ocupado por años... Ese es el acto de justicia que tenemos hoy”, afirmó.
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El jefe de Estado resaltó las ventajas de contar con un título formal. “Con ese título de propiedad ya ustedes pueden ir a la banca formal, hacer un negocio o ampliar su vivienda. También saben que les dejarán una propiedad tranquila y sin problemas como herencia a su familia. Esto es paz y tranquilidad”, sostuvo Abinader.
Entre los beneficios concretos, la formalización incrementa el valor de los inmuebles. “Cuando entraron por esa puerta, la propiedad valía una cantidad; ahora vale dos o hasta tres veces más”, expresó el presidente, quien exhortó a los beneficiarios a proteger ese patrimonio para las futuras generaciones.
La entrega de estos títulos forma parte de una política nacional más amplia. Según Abinader, el Gobierno ha otorgado alrededor de 170,000 títulos de propiedad en todo el país, con la meta de duplicar esa cifra para llevar seguridad jurídica y justicia social a más familias dominicanas. “Queremos entregar todavía el doble de ellos para que la gente tenga justicia”, manifestó el presidente, reafirmando el compromiso de ampliar los proyectos de titulación en Los Frailes y otras comunidades.
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Por su parte, el director de la UTECT agradeció el respaldo de las comunidades, la Jurisdicción Inmobiliaria, la Dirección General de Bienes Nacionales y el equipo técnico por su contribución al éxito del proyecto. Destacó que la voluntad del presidente fue determinante para superar las dificultades surgidas durante el proceso. “Como siempre existe la voluntad de usted, señor presidente, de eliminar los obstáculos, hoy esto quedó superado”, señaló Méndez.
La titulación de terrenos se consolida así como una política pública orientada a transformar la vida de miles de dominicanos, permitiéndoles acceder al sistema financiero formal y realizar inversiones que mejoren sus condiciones de vida. La visión oficial apunta a que cada vez más familias puedan recibir sus títulos de manera sencilla, segura y con plena garantía jurídica, fortaleciendo el desarrollo social de la República Dominicana.
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