La República Dominicana enfrenta un aumento preocupante en la mortalidad infantil durante el primer semestre de 2026. Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, entre enero y junio se han registrado 762 muertes de niños y niñas menores de cinco años, neonatos y mujeres que sufrieron complicaciones durante o hasta seis meses después de la gestación.
Esta cifra representa una tendencia al alza en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 839 muertes infantiles.
En la Semana Epidemiológica 25 de 2026, correspondiente al periodo del 21 al 27 de junio, se notificaron 24 muertes infantiles. El acumulado de fallecimientos infantiles para el primer semestre ya supera los reportes previos, mientras que en esa misma semana se sumaron cinco muertes maternas, alcanzando un total de 63 muertes maternas en lo que va del año, según Listín Diario.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad infantil como la muerte de menores de cinco años, y la mortalidad neonatal como la que afecta a niños menores de 28 días. En República Dominicana, de las 762 muertes infantiles reportadas en el semestre, 653 corresponden a neonatos. Las demarcaciones geográficas con mayor cantidad de casos son Santo Domingo, con 218 muertes; Santiago, con 88; y el Distrito Nacional, con 74.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la atención materno-infantil y las campañas para reducir la mortalidad, los números muestran que la problemática persiste. Además, durante el mes de mayo ya se reportaban 561 muertes infantiles y 40 maternas, lo que evidencia que el incremento ha sido constante a lo largo de las semanas siguientes. Estos datos refuerzan la preocupación de los organismos internacionales y locales sobre la necesidad de fortalecer las políticas de salud pública y el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente en las zonas más vulnerables.
El Ministerio de Salud Pública ha reconocido que, aunque hay una reducción en comparación con el año anterior, la cifra sigue siendo alta y representa un desafío importante para el sistema sanitario nacional. Factores como el acceso limitado a servicios de salud, la falta de recursos en hospitales, el bajo seguimiento en los controles prenatales y las condiciones socioeconómicas adversas continúan influyendo negativamente en la supervivencia infantil y materna.
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El contexto epidemiológico del país también muestra la presencia de otras amenazas sanitarias. En la misma semana de junio, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó seis nuevos casos de dengue, enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos del género Aedes. Las autoridades han identificado la circulación del subtipo de dengue D2 y detectaron cuatro casos de este agente. Por otro lado, la malaria sumó un caso confirmado esta semana, con un acumulado de 101 casos en lo que va del año, aunque no se han reportado muertes por esta causa.
La leptospirosis, otra enfermedad infecciosa, no registró nuevos casos en la última semana, pero mantiene un acumulado anual de 203 casos. En cuanto a los virus respiratorios, el coronavirus SARS-CoV-2 se mantiene como el principal en circulación en el país, seguido por el adenovirus, el virus sincitial respiratorio (VSR) y la influenza A(H1N1) pdm09.
Organizaciones como la OMS y UNICEF han instado a las autoridades dominicanas a reforzar la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la calidad de la atención en los servicios de salud materno-infantil. Especialistas advierten que la pobreza, la falta de educación sanitaria y las deficiencias estructurales en la red hospitalaria incrementan el riesgo de muertes evitables en la primera infancia y en mujeres gestantes.
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La situación evidencia la urgencia de políticas públicas integradas que permitan reducir la mortalidad infantil y materna en República Dominicana. La mejora en la infraestructura hospitalaria, la capacitación del personal médico y la ampliación de los programas de prevención y atención primaria son acciones que los expertos consideran prioritarias para revertir esta tendencia y garantizar el derecho a la salud de la población más vulnerable.
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