El programa Medio Libre ha permitido que cerca de 900 personas privadas de libertad en República Dominicana accedan a una inserción laboral y social fuera de los muros del penal.
La medida busca aliviar la sobrepoblación —un 60 % por encima de la capacidad instalada— y reducir el gasto estatal, que alcanza RD$1,400 diarios (aprox. USD 23) por interno, según datos de Roberto Santana, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).
La iniciativa se dirige a quienes han cumplido una parte de su condena: un tercio para penas de hasta cinco años o una cuarta parte para penas mayores.
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El acceso es gradual y supervisado, con etapas de capacitación y trabajo, seguidas de permisos familiares siempre bajo custodia. El proceso incluye un riguroso control psicológico, médico, educativo y legal, y cada avance requiere la aprobación de una comisión interdisciplinaria, según información de Diario Libre.
Beneficiarios, funcionamiento y casos personales
En la actualidad, 649 personas cumplen arresto o prisión domiciliaria y 236 tienen permisos laborales mediante esta modalidad. El objetivo institucional es llegar a 2,000 participantes en los próximos meses. El programa, regulado por la Ley 113-21, se aplica en recintos como el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Haras Nacionales, donde internos como Ángel —cuyo nombre fue reservado— pueden reincorporarse laboralmente durante la semana y retornar los fines de semana al penal.
Experiencias individuales evidencian su impacto. Yennifer, interna del Centro de Baní-Mujeres, logró formar una familia y completar capacitaciones tras cumplir cinco años de condena y demostrar buena conducta.
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En ese recinto, 27 de las 57 internas participan en el programa y reciben apoyo en formación básica, belleza y manualidades, según contó la directora Arelis Uribe Román.
Para acceder, los postulantes pasan por controles y cursos, además de periodos de prueba en brigadas laborales y permisos familiares restringidos. El programa también incluye actividades comunitarias como reforestaciones y labores preventivas, bajo la coordinación con otras instituciones.
Desafíos, controversias y futuro del sistema penitenciario
El sistema penitenciario dominicano enfrenta una presión presupuestaria significativa: en 2025, la DASAC distribuyó 24.1 millones de raciones alimenticias en los 56 centros del país, con una inversión superior a 1,018 millones de pesos (aprox. USD 16.7), un 36% del presupuesto de la Dgspc. La sobrepoblación, con 16,000 internos preventivos de un total de 25,000, complica la operatividad y ha impulsado la expansión de Medio Libre como alternativa.
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La proyección presupuestaria para 2026 eleva el monto total a 2,800 millones de pesos (aprox. USD 46 millones). La inclusión de condenados por delitos graves ha generado controversia, como ocurrió con el exfuncionario Donni Santana, cuyo ingreso al programa fue apelado por el Ministerio Público. Incidentes de fuga y casos como el suicidio de un interno de 66 años evidencian los límites del modelo.
La corrupción interna también es un reto: este año, 49 agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario recibieron sanciones por faltas graves, desde despidos hasta prisión. El director Santana enfatizó que la lucha contra la corrupción es innegociable y propuso limitar la prisión preventiva a personas de alta peligrosidad para estabilizar el sistema.
Medio Libre se mantiene como una apuesta legal y pragmática para la rehabilitación y el descongestionamiento penitenciario, enfrentando resistencias y abriendo el debate sobre la reintegración social de los exreclusos y la necesidad de reformas estructurales en el sistema carcelario dominicano.
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