Un grupo de 15 ONG de Venezuela advirtió sobre el riesgo de agravar el daño ambiental en la Amazonía ante la posible aprobación de la ley de minería que actualmente se debate en el Parlamento, de mayoría chavista. Las organizaciones señalaron que el texto legal presenta “grandes vacíos” en materia de regulación y gobernanza.
Según un comunicado difundido en la web de Provea, “aunque menciona los estudios de impacto ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones. La exclusión territorial depende de planes de ordenamiento, en su mayoría inexistentes o desactualizados”.
Las ONG subrayaron que la normativa propuesta solo exige responsabilidad después del daño, no incorpora un enfoque preventivo y omite garantías financieras para la restauración o regulación de residuos. Indicaron además: “Tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas”.
Las organizaciones consideran que el proyecto vulnera los derechos de los pueblos indígenas del área minera al omitir referencias al derecho a la demarcación de sus territorios y no contemplar el consentimiento libre, previo e informado, estándar internacional vigente.
Manifestaron su rechazo a la militarización de los territorios donde se planea otorgar concesiones mineras. “La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”, afirmaron.
Las ONG solicitaron que la ley incluya mecanismos claros de transparencia y acceso público a la información sobre todos los procesos administrativos, desde autorizaciones hasta operaciones de las empresas mineras. También recomendaron que se establezca la obligación constitucional de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural para cada proyecto de explotación de recursos, junto con mecanismos de control y aseguramiento ambiental que permitan desarrollar sistemas sólidos de gestión ambiental.
El jueves, el Parlamento venezolano postergó para una futura sesión la segunda discusión necesaria para aprobar la ley de minas, una normativa que podría habilitar la entrada de inversión privada y extranjera en el sector, en medio del interés declarado de Estados Unidos en el oro venezolano.
Durante la sesión parlamentaria, se leyeron 12 de los 130 artículos del proyecto y se decidió aplazar el debate a propuesta del diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó la propuesta la semana previa. Camacho justificó el aplazamiento señalando la necesidad de “más tiempo para escuchar a más ciudadanos que participan activamente en la comisión parlamentaria y en los debates a nivel nacional”.
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