El Senado dictaminó una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado firmaron dictámenes de dos acuerdos: uno es el “Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mientras que el segundo apunta al giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad.

Para el primer caso, la Ciudad asumirá competencia para investigar y juzgar delitos contra: el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abusos, corrupción, prostitución y explotación; la libertad, como servidumbre, privación ilegítima y sustracción o instigación a fugarse; y seguridad del tránsito, como entorpecer el normal funcionamiento de los transportes, entre otros. Vale recordar que, para que todo esto funcione, deberá estar acompañado de los recursos correspondientes.

En tanto, el segundo implica que la justicia porteña pasará a intervenir en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad. Esto incluye a los adolescentes de entre 14 y 18 años. Para menores de 14 se prevé una intervención tutelar.

Los convenios en cuestión, que fueron suscriptos el 3 de julio pasado por los ministros de Justicia de la Nación y Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, respectivamente, recibieron guiños y algunas observaciones esta tarde en las comisiones que presiden los senadores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia) y Agustín Monteverde (Presupuesto).

Ambos textos deberán ser convalidados por ambas Cámaras del Congreso y por la Legislatura para entrar en vigencia plena. Una vez sancionados, está fijado un plazo de 120 días para efectivizar la transferencia de competencias. En esa línea, la justicia nacional continuará con el trámite de las causas iniciadas con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del acuerdo y mantendrá la jurisdicción hasta que la sentencia quede firme, con la etapa de ejecución penal incluida.

Uno de los expositores fue el titular de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad, Javier Buján, quien advirtió: “Es importante que, cuanto antes, y en vistas a que en septiembre entra en vigencia la Ley 27.801 que establece el Régimen Penal Juvenil, se apruebe el convenio de transferencia de competencias penales”.

“La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede demostrar un sistema acusatorio que funciona y que bajó el tiempo de resolución de los casos a tres, cinco y seis meses. No sólo estamos en condiciones de asumir nuevas competencias penales: estamos en mejores condiciones de asumirlas. Máxime, porque el artículo 129 de la Constitución Nacional dispone que es una facultad propia”, añadió Buján.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, cuestionó el plan por la “incertidumbre e inestabilidad” que genera para magistrados, funcionarios y empleados. Y agregó: “Es necesario que los juzgados nacionales de menores obtengan jurisdicción de índole federal o pasen a tener competencia criminal y correccional de forma tal que no queden en este limbo jurídico”.

También disertaron la secretaria general de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bárbara Moramarco Terrarossa, quien solicitó el cumplimiento de los convenios en todo lo referido a infancias y juventudes; y el subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, Eloy Aguirre Rébora, que dio detalles de los aspectos presupuestarios vinculados con el proceso de transferencia.

Con los dictámenes, el Senado pudo mostrar un avance concreto durante la jornada de hoy, tras las dilaciones que hubo el mediodía sobre el Súper RIGI, con aliados que frenaron el proyecto del Ejecutivo -sufrirá cambios y regresará en segunda revisión a Diputados-, y de la iniciativa de los radicales sobre beneficios a inversiones desde los USD 12 millones.