Bajo el precepto de respetar la división de poderes, el Gobierno explicó que la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad responde directamente a la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó su puesta en vigencia inmediata, y garantizó que cumplirán con las determinaciones judiciales. “Si nos obligan vamos a reglamentar”, consignaron desde la administración libertaria a este medio.
Si bien desde entonces la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica se encuentran promulgadas, pero postergadas en su aplicación, en Casa Rosada admiten que un sector del Ejecutivo tiene planes para insistir en su derogación, pero aseguran que ante una eventual determinación de la Justicia similar avanzarán en su reglamentación. “Algo hay que hacer con esas dos leyes porque tenemos sino dos puntos del déficit fiscal comprometidos”, precisó una importante voz con acceso al despacho presidencial.
“No cumplir un fallo es un delito. Es nada más y nada menos que incumplimiento de los deberes de funcionario público para empezar”, sintetizó ante Infobae una fuente libertaria para dar respuesta ante el accionar del Poder Ejecutivo ante un escenario similar al ordenado por el juez federal Adrián González Charvay, que declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que promulgó la ley pero suspendió su ejecución.
Sin embargo, hasta entonces, la determinación oficial de posponer la aplicación de ambas leyes tras la sanción del Congreso en agosto, a raíz del impacto fiscal que, consideran, afectaría a las cuentas del Estado, solo dio lugar a una catarata de amparos y a una cautelar de la Justicia Federal para actualizar salarios docentes y becas estudiantiles en las universidades nacionales. “Nunca vamos a incumplir una orden judicial. Si la justicia falla, más allá de que estemos de acuerdo o no, vamos a acatar”, aclararon en Balcarce 50 a este medio.
Con la firma del presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó durante la madrugada del miércoles en la reglamentación de la suspendida Ley de Emergencia en Discapacidad sobre la fecha límite establecida por González Charvay. “Lo que nos hizo avanzar fue la catarata de sentencias en contra”, ironizó a este medio un fuente con acceso al despacho presidencial.
Asimismo, se cuidaron de aclarar que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo ni ceder en la disputa legal sino que responde a una decisión política de “respetar la división de poderes”. “En la explicación aclaramos que dábamos lugar ‘sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario’”, remarcaron tras la publicación del decreto 84/2026 que redactó la Secretaría de Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy.
Lo cierto es que el camino de las leyes N°27.795 y N° 27.796, que establecen un nuevo régimen de financiamiento para las universidades y declaraban la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, fue largo y sinuoso y parece no haber terminado. Tras su sanción a finales de agosto de 2025, el mandatario optó por vetarlas, pero el Congreso rechazó su accionar y ratificó los proyectos originales.
Poco más tarde, en octubre el Ejecutivo las promulgó y suspendió su aplicación sujetas a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento, y en diciembre insistió con la derogación de ambas normas al intentar incluirlas en el capítulo XI del Presupuesto 2026. Esto despertó la crítica de la oposición, pero también de los sectores aliados que opusieron resistencia y lograron sancionar la previsión presupuestaria sin el polémico capítulo rechazado en la votación particular.
Lo cierto es que el ala dura de la mesa política no da por perdida la posibilidad de cumplimentar la voluntad del mandatario y trabajan en la posibilidad de insistir con el contenido del frustrado capítulo durante las sesiones ordinarias.
No obstante, se cuidan de aclarar que ante un eventual escenario en el que la justicia dictamine la inmediata aplicación no habrá margen para desconocer la decisión. “No hay muchas posibilidades porque el responsable es el funcionario del área que debe dar cumplimiento a la decisión judicial”, aclararon.
El debate que parteaguas en el Gobierno
En la multiplicidad de voces que caracteriza al Gabinete, y que confluye además en la mesa política designada por el mandatario, más de uno considera poco estratégico insistir con la derogación de determinadas legislaciones de temas sensibles.
Los alfiles legislativos descuenta que, en el cálculo de respaldos fijos que acumulan en ámbas cámaras, varios sectores aliados como la Unión Cívica Radical (UCR) no apoyarían una nueva avanzada contra la puesta en pie de un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas que afecte los salarios del personal docente y no docente
“Es imposible avanzar con el tema. Simplemente no sale. Hasta los aliados estan en contra. Además, tampoco nos vamos a anotar una victoria política con este tema. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año que es un plazo corto”, confesaron al respecto de la idea de insistir con la derogación de las leyes.