La Convención Constituyente de Santa Fe entró esta semana en una etapa decisiva: la revisión final del texto que será sometido a votación en el plenario. El calendario avanza y el plazo previsto para que los convencionales aprueben la nueva Constitución santafesina ya tiene una fecha definida: el 10 de septiembre.
Hasta entonces, los trabajos se concentran en la Comisión Redactora, que comenzó a funcionar hoy y que tiene la tarea de sistematizar, corregir y armonizar el texto surgido de los dictámenes de mayoría de las comisiones temáticas.
La reunión de este miércoles podría convertirse en la primera sesión formal con posibilidad de votación, aunque todo depende de que la Comisión Redactora concluya a tiempo sus tareas. “¿Puede ser una primera sesión? Bueno, esperemos a la comisión redactora, es una posibilidad”, señalaron desde el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, que junto al Frente de la Esperanza integra la mayoría oficialista.
Hasta ahora, la Convención sesionó en cinco oportunidades, pero ninguna de ellas permitió avanzar en la aprobación de artículos. Esta sexta instancia aparece como la primera chance real de que comiencen a definirse las reformas que se aplicarán sobre el texto vigente, redactado en 1962.
La Comisión Redactora, presidida por el socialista Joaquín Blanco, está compuesta por 18 integrantes y fue convocada con la consigna de “trabajar a conciencia”. Así lo expresó el propio Blanco en la apertura de la sesión realizada en el recinto de la Cámara de Diputados: “Nos toca terminar un proceso virtuoso que llegó hasta acá y que realmente estamos conformes con todo el trabajo realizado”. El convencional remarcó que se trata de una reforma parcial, por lo que el estilo de redacción mantendrá la línea de la Carta Magna original.
El trabajo de la comisión, si bien se presenta como técnico, tiene un claro componente político. Según lo establecido por el reglamento, su competencia específica consiste en realizar “los ajustes de redacción que no alteren el sentido y la elaboración del texto ordenado, único y final de la reforma”. También deberá “sistematizar, armonizar, ordenar, enumerar, renumerar e integrar las disposiciones”, de acuerdo con la Ley 14.384 que habilitó la reforma.
A lo largo de la semana, los convencionales se reunirán para avanzar en la lectura completa de los artículos modificados y en la incorporación de los cambios propuestos por las distintas fuerzas políticas.
Para garantizar mayor participación y claridad, se decidió dividir el tratamiento en despachos parciales, en lugar de llevar al plenario un único dictamen general.
Uno de los puntos que ya generó cruces fue el del prólogo y la definición del carácter religioso del Estado provincial. El dictamen de mayoría promovido por Unidos propone que “la Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.
Esta redacción fue objetada por los bloques La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, que reclamaron incluir menciones explícitas a la Iglesia Católica. A su vez, el justicialista Diego Giuliano, de Más para Santa Fe, cuestionó que el texto comience con una negación y propuso reformularlo por la positiva, o bien omitir esa referencia.
La Comisión, sin embargo, mantuvo firme la redacción mayoritaria, que fue defendida por convencionales como Lionella Cattalini (Partido Socialista) y Fabián Bastia (UCR), quienes aclararon que se tomó como referencia la fórmula utilizada en la Constitución de los Estados Unidos.
Otro foco de tensión se dio por la incorporación como asesora externa de una lingüista de la Universidad Nacional del Litoral. La decisión generó malestar en sectores de la oposición, que consideran que la corrección del texto debería ser responsabilidad exclusiva de los convencionales electos. “El corrector tiene que estar en los representantes que hemos sido votados”, expresó Giuliano en declaraciones a Radio 2, y agregó: “Más que un lingüista, tienen que contratar a un armonizador que resuelva el problema del Ejecutivo”.
Desde Somos Vida y Libertad, en tanto, alertaron sobre el riesgo de una “mala Constitución por defecto de técnica legislativa”, y cuestionaron que el oficialismo “gasta mucho tiempo en saldar sus propias divisiones y deja escaso margen para acordar con la oposición”.
Con ese telón de fondo, los trabajos continuarán en doble jornada durante los días martes y miércoles, siempre con la mira puesta en llegar a septiembre con el texto listo.
El artículo 64 del reglamento establece que ningún tema podrá ser tratado en el plenario sin haber pasado por la Comisión Redactora, lo que convierte a este cuerpo en una instancia clave del proceso.
La fecha del 10 de septiembre se mantiene como el objetivo final para la votación en sesión plenaria de la nueva Carta Magna santafesina, pero el camino hasta allí todavía debe sortear debates intensos, desacuerdos políticos y definiciones de último momento.