La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Luego de más de una hora de debate, un total de 143 parlamentarios dieron su voto afirmativo a la iniciativa, contra otros 71 negativos y 3 abstenciones.
La iniciativa, que tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer demagogia con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también lo vetará, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.
El dictamen de mayoría, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, proponía reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $213 mil) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. No obstante, aclara que el Poder Ejecutivo podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.
Por otro lado, en respuesta a las reiteradas demandas del sector, la propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas— fue recientemente foco de reclamos por falta de actualización en los valores que perciben.
En ese sentido, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establece una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Estos mecanismos buscarán dar respuesta a un problema muy concreto: que las personas con discapacidad se queden sin ayuda profesional (por ejemplo, maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios y las demoras en los pagos.
El proyecto aprobado incluye también medidas específicas para los prestadores, como un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos.
Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
Desde el sector de La Libertad Avanza ya habían anticipado su rechazo al proyecto de emergencia y ratificaron su posición durante el debate. Tal como habían anticipado, una de las críticas se refirió a la falta de información respecto al método de financiación propuesto para cubrir las modificaciones, sin que esto pusiera en riesgo el objetivo de mantener el déficit fiscal en cero.
En línea con esto, la diputada salteña Emilia Orozco apuntó directamente contra el kirchnerismo al acusarlos de haber sido los responsables del desfasaje que sufrió el sistema de discapacidad. “Hicieron de la discapacidad un curro”, denunció al señalar que varias de las pensiones otorgadas por la gestión pasada no calificarían con diagnósticos de invalidez.
Sin embargo, los bloques que acompañaron la medida tuvieron un acuerdo común: que la declaración de emergencia no era un respuesta a las problemáticas de base. “Ni siquiera con esta emergencia estamos resolviendo el tema”, expuso el diputado Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, tras señalar que la discusión que se dio en la sesión sería apenas un camino para solucionar los reclamos propios del régimen de discapacidad.
“Es cuestión de voluntad política”, sostuvo la diputada Soledad Carrizo, de la Unión Cívica Radical (UCR), al remarcar la necesidad de profundizar el debate, con el fin de pensar respuestas efectivas a las diferentes falencias que presentaría el sistema de discapacidad.
Así, pidió tratar el tema con respeto y alertó al Gobierno nacional para que “no rieguen el fuego con más nafta”, ante la negativa de buscar medidas para aliviar el peso que recaería sobre el sector social comprendido por el sistema.