En medio de curiosas versiones sobre la reciente dilación para debatir la ley de Ficha Limpia, el Senado intentará avanzar, en los próximos 10 días, con una agenda que incluye el aval a embajadores políticos, una nueva discusión sobre el futuro de la Defensoría del Niño, la extensión de los plazos para expropiar el predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón, y contactos bilaterales sobre los futuros integrantes del Congreso en la Auditoría General de la Nación (AGN).
La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la legisladora Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires), analizará mañana -desde las 14- los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo que designan a Alejandro Carlos Francisco Oxenford y Wenceslao Bunge Saravia como embajadores en los Estados Unidos y España, respectivamente, quienes dirán presente y expondrán en la Cámara alta.
El Gobierno ya designó al primero “en comisión” -por lo trascendental de tener allí vigente a Oxenford-, aunque el oficialismo nunca puso en duda el tratamiento de su pliego, y por ello el convite de mañana. La Casa Rosada ya lo había incluido en el temario de las últimas sesiones extraordinarias, realizadas durante el pasado período estival.
A fines de febrero, el Gobierno argumentó que “la designación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en los Estados Unidos de América es esencial con el fin de garantizar la continuidad en la representación diplomática y la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”.
Desde las 11 del miércoles, la bicameral que controla la Defensoría del Niño, reclamada hasta el hartazgo por la oposición aunque ahora lleva -tras un acuerdo entre radicales y kirchneristas- un mes y medio sin reunirse, se juntará para ver si inicia el trámite del concurso para encontrar el reemplazo de la actual titular del organismo, Marisa Graham. En enero último, la funcionaria emitió con su propia firma una resolución para continuar al frente de la institución.
El 6 de marzo pasado, el oficialismo pretendió quedarse con la presidencia de la bicameral -rompió un preacuerdo que tenía con la UCR- para intentar, esa misma jornada, acelerar una intervención de la Defensoría y cortar rápido el mandato de Graham que, en realidad, ya estaba vencido. Una errática estrategia libertaria de los diputados presentes y el entendimiento exprés entre las legisladoras Victoria Tolosa Paz y Natalia Sarapura, del peronismo y radicalismo, respectivamente, dejó a la segunda al mando de la comisión.
Según lo informado de manera oficial, en la convocatoria de la bicameral aparece, en primer lugar de tratamiento, la resolución de Graham con la que ella misma estiró su vigencia al frente de la Defensoría, pese a que es un cargo que involucra un frondoso concurso previo que la funcionaria, años atrás, pasó.
El segundo punto es la situación del organismo, que es motivo de queja de algunos opositores. “Los radicales y kirchneristas estaban consternados por los intereses de militancia que tienen ahí, pero no pidieron un solo informe contable a la Defensoría. Por eso no llamó para nada la atención lo que hicieron. Eso no quita que el oficialismo haya hecho todo mal, ya que el acuerdo previo con el radicalismo para que presidiera Sarapura estuvo en curso hasta horas antes de la reunión de marzo”, reconoció un integrante de la bicameral a Infobae. El último ítem será pensar un eventual concurso público de antecedentes. En el mejor de los casos, demorará meses.
Otro tema olvidado por el kirchnerismo fue reactivado recién en noviembre de 2024 por Diputados, cuando este medio alertó que a casi 20 años de la tragedia de Cromañón, que dejó 194 muertos, miles de heridos y secuelas hasta la actualidad, la expropiación de los inmuebles sancionada a fines de 2022 quedaría abandonada. Es que desde la aprobación de dicha ley -27.695- no se movió un dedo en ese sentido y la Cámara baja apuró una prórroga por cuatro años. Acompañaron casi todos los bloques.
Ahora, la iniciativa será estudiada por la comisión de Asuntos Constitucionales, el martes 22. Ese mismo día se conformará la de coparticipación de impuestos, que cobraría cierta relevancia tras el nuevo acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el Senado también hay dos proyectos para modificar cuestiones de la Auditoría General de la Nación (AGN), que se quedó sin representantes de Diputados -desde hace más de un año- y, ahora, del Senado. La lupa está depositada en iniciativas del peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y del jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans (Formosa). La Casa Rosada prefiere el primer texto, aunque desde el propio oficialismo no descartan el segundo, debido a que “contempla ideas adecuadas si uno piensa la integración actual del Congreso”.
Salvo la bicameral de la Defensoría, los otros temas tendrían el camino libre para ser dictaminados e incluidos en una potencial sesión a fines de abril, si es que el Gobierno deja de juguetear a la Ficha Limpia y la suma en la convocatoria. Necesita blindar 37 votos, la mayoría absoluta. Fuera del radar de lo legislativo, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intenta oxigenar la administración y empujó movimientos en la estructura de la Cámara alta: Grisela García Ortiz deja la dirección de Asuntos Jurídicos y pasa al área de Publicaciones -tiempo atrás hubo un corrimiento exprés allí-, mientras que Gonzalo Diego Izurieta abandona la gerencia de Recursos Humanos y queda encargado del ida y vuelta jurídico entre la Cámara alta y las provincias.