Los empleados estatales podrán negociar los aumentos salariales con el mismo presupuesto del que disponga cada dependencia este año, de acuerdo a lo que se informó hoy a través del Boletín Oficial. Como el Presupuesto de este 2024 será en términos nominales igual al del año anterior porque fue prorrogado por el Gobierno Nacional, ante la alta inflación que se viene registrando, se prevé una fuerte licuación de los salarios.
El artículo 3 de la Decisión Administrativa 28/2024, que lleva la firma del ministro del Interior, Guillermo Francos, y de su par de Economía, Luis Caputo, expresa: “El Sector Público Nacional deberá negociar los Convenios Colectivos de Trabajo de su personal dentro de su presupuesto disponible, en el marco de la Ley N° 27.701, cuya vigencia fuera prorrogada a través del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023, y la Decisión Administrativa N° 5 del 11 de enero de 2024, tendiendo a la racionalización de los recursos del ESTADO NACIONAL”.
La norma está encuadrada en los “lineamientos” que el Gobierno de Javier Milei determinó con la finalidad de “optimizar recursos” y “tornar más eficiente el actuar del Estado” en la negociación de salarios dentro del Sector Público Nacional, según quedó establecido en el Boletín Oficial.
Según le informaron fuentes oficiales a Infobae en Casa Rosada “esta regulación ya se venía aplicando hasta hoy, se había vencido el 31 de diciembre. No altera la forma en que se venía regulando la pauta salarial en la administración pública en los últimos años. Con esta disposición se renueva por un año más”.
Y remarcaron que se busca que “todos los organismos y áreas del sector público tengan una pauta común para el uso de los recursos que asigna el Estado” ya que “tanto el Estado como las empresas públicas se encuentran en situación crítica”.
El primer artículo sostiene que cuando el personal se encuentre encuadrado en Convenciones Colectivas de Trabajo, “hasta el 31 de diciembre de 2024″ se deberán “respetar los procedimientos del marco jurídico que en cada caso corresponda y sólo podrán modificarse las condiciones de trabajo y/o actualizar las retribuciones de su personal mediante el régimen paritario”. Las negociaciones tendrán que regirse “en el marco de las previsiones presupuestarias vigentes aprobadas mediante la Ley N° 27.701, y la Decisión Administrativa N° 5 de fecha 11 de enero de 2024″.
La Ley 27.701 es la Ley de Presupuesto y la Decisión Administrativa que cita es la que dispuso la prórroga del Presupuesto 2023.
La medida también dispone que las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional, ante la necesidad de actualizar las retribuciones de su personal deberán observar “los criterios que resulten de las negociaciones colectivas que responden a la paritaria general encuadrada en la Ley N° 24.185″.
El 20 de enero, los dos principales sindicatos que agrupan a los estatales -ATE y UPCN- acordaron con la Secretaría de Trabajo un incremento salarial del 16% para el primer mes del año. El mismo porcentaje anunció el lunes de esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, para el resto del sector; lo había anticipado en su cuenta de X (ex Twitter) el mismo día en que se realizaba el paro dispuesto por la CGT que incluyó una marcha al Congreso de la Nación.
Según anunció el responsable de la cartera económica, ese aumento regirá tanto para el personal permanente como para el no permanente que esté comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. No aplicará a los ministros, secretarios y subsecretarios.
La inflación de diciembre fue del 25,5% y las principales consultoras económicas que le hacen llegar sus informes al Gobierno anticipan que en enero rondará el 20%.
La Decisión Administrativa que se publicó hoy es otra acción del Gobierno en su propósito de reducir los gastos del Estado Nacional para alcanzar su meta de achicar el déficit fiscal. Por eso, la administración de Milei empezó con una reducción de la cantidad de ministerios y también con varias disposiciones, como la no renovación de los contratos de los empleados que habían ingresado a trabajar en 2023 en distintas dependencias públicas y la revisión de otras contrataciones de años anteriores, el ordenamiento de las horas extras del personal de la Casa Rosada, entre otras determinaciones.
Estas decisiones provocaron un gran malestar en los gremios que agrupan a los trabajadores del sector, que se mantienen en estado de alerta y adhirieron al paro que dispuso el 24 de enero la CGT aunque aún no se expresaron respecto de las últimas medidas.