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El Colegio de Abogados de la Ciudad rechazó las declaraciones de Alberto Fernández sobre limitar el mandato de los jueces

Lo hizo a través de un comunicado en el que advierte que esa propuesta del Presidente es un ataque más a la independencia del Poder Judicial

El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires emitió un escrito repudiando la propuesta del Presidente

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la propuesta del Presidente Alberto Fernández de poner un límite temporario a la duración de los jueces en sus cargos. La entidad advirtió que las afirmaciones del Jefe de Estado no se corresponden con la Constitución Nacional. “El Presidente ha declarado a estudiantes de Derecho que el cargo de juez o jueza del Poder Judicial de la Nación podría estar sujeto a una suerte de reválida cada diez años y que ese nuevo régimen no estaría en contradicción con la Constitución Nacional”, señaló el Colegio de Abogados de la Ciudad a través de un comunicado. El documento indicó que “a pesar de su afirmación, esta descuidada propuesta no sólo está en contradicción con la Constitución sino que se erige como un ataque más a la independencia del Poder Judicial de la Nación.”

Asimismo, sostuvo que proponer que los jueces sean revalidados en sus cargos cada 10 años es desconocer la historia constitucional pasada y la reciente. “Los constituyentes argentinos fueron muy cuidadosos al diseñar el Poder Judicial. Sabían que nociones esenciales básicas como seguridad jurídica, previsibilidad de las decisiones, independencia de la magistratura respecto de los otros poderes de gobierno y de grupos de presión de diverso origen, dependían de un diseño cuidadoso y de juristas ejemplares. Siguiendo los pasos de la Constitución norteamericana, se estableció que en tanto los magistrados designados observaran buena conducta permanecerían en su función de modo vitalicio y su salario no podría ser disminuido de manera alguna”, remarcó la entidad en el escrito.

La institución explicó en el documento: “Esa permanencia nutriría a esta rama de gobierno de experiencia en la interpretación y aplicación de la ley. Esa misma estabilidad, al prolongarse por largos períodos en el cargo, dotaría al sistema de seguridad jurídica y de previsibilidad. También se ganaría en independencia del Poder Judicial.”

Además, remarcó que en 1994 la convención constituyente encargada de reformar nuestra Carta Magna limitó la vigencia de los jueces en el cargo a los 75 años con la posibilidad de que permanezcan en su función a partir de esa edad si así lo propone el Presidente de la Nación y el Senado le presta acuerdo. Esta reválida, que es una facultad discrecional del poder político, se puede realizar cada cinco años en forma indefinida. “Es decir que la convención constituyente, juzgó que alterar ese mandato vitalicio era una atribución suya y, reformando el texto anterior, previó expresamente un acortamiento de la duración en ese cargo y la forma en que él podría renovarse indefinidamente. Como se colige de lo anterior, el Presidente no tiene competencia para ‘corregir’ lo ya hecho por los constituyentes. Simplemente, debe velar por su cumplimiento”, afirmó el Colegio de Abogados de la Ciudad.

Advirtió, a su vez, además que la idea de limitar severamente la duración de los jueces y juezas en sus cargos altera lo dispuesto por la Constitución Nacional. “Además, está claro que abreviando la duración en sus cargos no obtendremos mejores jueces y juezas. Por el contrario, reduciendo su experiencia deterioraremos la del conjunto. Y esa disminución pondrá en serio riesgo la seguridad jurídica, la previsibilidad y la independencia del Poder Judicial de la Nación que la Constitución ha querido asegurar”, dijo el comunicado.

Por último, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que “no es reduciendo radicalmente la permanencia en el cargo y haciendo depender su validación por períodos semejantes de ocasionales mayorías del Congreso que se asegurará un Poder Judicial imparcial, eficiente y confiable.” Y alertó: “Por ese camino no se defiende el estado de derecho, como también se dijo, sino que se sumerge a todo el Poder Judicial a un estado de incertidumbre que conspira contra los ideales que nuestra Constitución ha buscado asegurar.”

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