El 25 de septiembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) emboscó y asaltó un camión de caudales en el centro de la ciudad de Córdoba con el objetivo de llevarse los valores que se transportaban en el vehículo. En ese momento, se produjo un tiroteo entre los guerrilleros y los custodios del blindado a los que se sumaron efectivos de la policía provincial. Como consecuencia de la balacera murieron una guerrillera, dos custodios y un policía resultó herido. La mujer abatida, miembro del ERP, fue identificada como Nora Lía Marquardt cuyo nombre de guerra era “Sargento Clara”. 25 años después de aquel hecho, los familiares de Nora Marquardt -gracias a una de las llamadas “leyes de reparatorias”- cobraron más de USD 171 mil en concepto de indemnización como víctima del terrorismo de Estado. Además el nombre de la militante del ERP abatida durante el asalto al blindado figura en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.
Este y otros 12 casos similares en los que se pagaron indemnizaciones a herederos de guerrilleros de manera presuntamente ilegal figuran en una denuncia que presentó el periodista José Luis D’Angelo este miércoles ante la justicia federal. En el escrito se exponen de forma detallada las maniobras que, invocando las “leyes reparatorias”, habrían permitido defraudar al Estado en cifras millonarias. Tras el sorteo la causa recayó en el juzgado a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Otro de los casos denunciados es el de Hugo Therisod, alias “Roque”. A las 11 del 20 de agosto de 1975, en pleno centro de la ciudad de Córdoba, una unidad de combate del ERP atacó en forma simultánea la División Informaciones, el Comando Radioeléctrico y el edificio de la Guardia de Infantería de la Policía provincial “con el objeto de detener y ajusticiar a todo el personal”. Los guerrilleros realizaron cortes en varias calles de la zona céntrica para dificultar la llegada de refuerzos. En el ataque fueron asesinados cinco policías y cayó abatido Therisod.
En la revista Estrella Roja, órgano oficial del Ejército Revolucionario del Pueblo, se publicó un artículo en el que al referirse a “Roque” destacó su “compromiso con la revolución socialista, su odio a la policía y demás fuerzas represivas lo llevan a cumplir con iniciativa y enorme alegría su tarea, el ataque a la Guardia de Infantería". "Murió valientemente cuando desprendido del resto de sus compañeros debió enfrentar sólo con una pistola a un conjunto de policías fuertemente armados dando un alto ejemplo de moral revolucionaria”, detallaron.
Los herederos de Hugo Therisod recibieron la indemnización correspondiente a las víctimas del terrorismo de Estado, una suma que al momento de percibirla equivalía a USD 98 mil.
En la denuncia además se describen otros casos de guerrilleros ajusticiados por su propia organización por haberlos considerado “traidores” y de aquellos que murieron por impericia en la manipulación de explosivos o por fallas en la fabricación de esos artefactos.
Entre ellos se destaca lo ocurrido con Adriana Kornbliht, alias “la Turca”, quien murió mientras intentaba colocar una bomba en la comisaría de Monte Chingolo en la provincia de Buenos Aires, en marzo de 1977. Según cuenta Pablo Giussani en su libro “Montoneros, la soberbia armada”, Kornbliht falleció despedazada por una bomba que le estalló en las manos mientras intentaba colocarla en la dependencia policial. Los familiares de “la Turca” recibieron en 2007 más de 360 mil pesos, USD 116 mil a la cotización de la época.
Uno de los hechos más llamativos mencionados en la denuncia que tramita en el juzgado de Lijo es el de los hermanos Sabao. El 28 de noviembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en Rosario, un grupo armado con ametralladoras y fusiles FAL atacaron a Carlos Raimundo Sabao y a Pedro Alberto Sabao. El primero cayó en el lugar alcanzado por varios impactos mientras que su hermano se arrojó al río Paraná. Los atacantes lo persiguieron y continuaron disparándole hasta que su cuerpo desapareció de la superficie del río.
Al día siguiente, el cadáver de Pedro Sabao fue extraído de las aguas del río Paraná por la Prefectura mientras que su hermano Carlos, gravemente herido, logró sobrevivir. Pocos días después, la organización Montoneros se adjudicó el ataque. Los causahabientes de Pedro Sabao cobraron en marzo de 2001 el equivalente a USD 168.300. Según la prueba ofrecida en la denuncia, su hermano Carlos falleció en un geriátrico de la ciudad de Rosario en el año 2016, sin embargo su nombre está en una de las placas del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires como una víctima del terrorismo de Estado.
Los 13 casos denunciados figuran en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado.