La excursión a un monasterio de General Rodríguez con dólares, euros, yuanes, ryales, armas y relojes podría dejar a José Francisco López sin su cargo de parlamentario del Mercosur. Al menos ese es el anhelo de la santacruceña Mariana Zuvic, quien elaboró un proyecto de disposición que será planteado en un plenario que se realizará la próxima semana.
El texto de la iniciativa a la que accedió Infobae exige sancionar al ex funcionario kirchnerista con la pérdida de su mandato por sus "graves actos de falta de decoro" de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento interno del parlamento del Mercosur.
"La falta de decoro no requiere sentencia judicial firme. Es un motivo de juzgamiento político por parte del Parlasur en resguardo de su propia función representativa y de su prestigio. Una persona detenida por orden judicial, procesada por varias causas criminales de enorme gravedad y repercusión pública y reprochada socialmente por corrupción, no contribuye al decoro del Parlasur", justificó Zuvic en su propuesta.
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La situación de López representa un caso inédito para el organismo regional que aún no empezó sesionar formalmente, pero sus países miembros comenzaron a elegir representantes. Uno de los asuntos pendientes de su conformación es la aprobación de un Código de Etica para evaluar este tipo de conductas.
Los argentinos Alberto Asseff, Fernanda Gil Lozano y Eduardo Valdés ya se pronunciaron a favor de la expulsión de López y presentarán iniciativas similares a las de Zuvic.
El año pasado, en pleno proceso electoral, la jueza María Servini de Cubría falló que los parlamentarios del Mercosur no tienen una inmunidad de arresto similar a la de los diputados y senadores nacionales.
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"Tanto este personaje nefasto como Milagro Sala -también detenida acusada por hechos de corrupción -querían fueros para protegerse", analizó Zuvic, quien sugirió que el botín secuestrado en el convento podría estar vinculado con el ex jefe de López y actual diputado nacional Julio De Vido, quien se ha negado a ser allanado en virtud de la protección constitucional del cargo que ostenta.