Representantes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador realizaron una movilización frente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para exigir el destrabe financiero del proyecto Nueva Rinconada, una obra de agua potable y alcantarillado que, según la dirigencia, supera el 90% de avance físico.
La protesta reunió a pobladores y dirigentes de la Comisión Central del Súper Esquema 300 Nueva Rinconada, quienes advirtieron que la falta de pagos podría afectar la etapa final de los trabajos. El proyecto busca ampliar los servicios básicos para más de 400 mil habitantes de Lima Sur.
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Los manifestantes señalaron que mantendrán el plantón ante la sede del ministerio hasta obtener una respuesta sobre los compromisos asumidos en una mesa de trabajo celebrada el 18 de agosto. En esa reunión participaron representantes del ministerio, del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), la supervisión de obra y el Consorcio San Miguel.
La dirigencia reclama pagos y aprobación de obras ejecutadas
A través de la Carta N° 619-2026-CCSE-300 NR.SJM.VMT.VES, la comisión solicitó información sobre las medidas previstas para garantizar liquidez al proyecto de agua y desagüe, correspondiente a la Etapa 1 Frente 2.
El documento fue dirigido a la Presidencia y al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Fernando Arnillas González. Según los dirigentes, los acuerdos alcanzados hace casi un mes no se concretaron debido a procedimientos administrativos pendientes en Sedapal.
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Uno de los pedidos centrales corresponde a la devolución de más de S/ 7 millones en penalidades descontadas al contratista por una presunta falta de materiales. La comisión sostuvo que esa devolución cuenta con opinión favorable de la supervisión de obra y de la Junta de Resolución de Disputas.
También reclamaron el pago de valorizaciones por más de S/ 36 millones, vinculadas a gastos generales variables y costos directos que, de acuerdo con la dirigencia, fueron reconocidos por la Junta de Resolución de Disputas.
Los representantes solicitaron, además, la aprobación de los Mayores Metrados N° 44 y N° 71, relacionados con la reposición de pavimentos. A ello sumaron la aplicación del instructivo conocido como “bolsa de metrados”, respaldado, según indicaron, por una medida cautelar. Esos procedimientos permitirían liberar más de S/ 62 millones por trabajos ya ejecutados.
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Piden acciones ante daños a infraestructura sanitaria
Otro reclamo está dirigido a Sedapal. La comisión pidió que la empresa interponga denuncias penales y solicite medidas cautelares contra las municipalidades de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
Según la organización, obras de pavimentación ejecutadas sin coordinación previa habrían causado daños a redes de agua y alcantarillado instaladas como parte del proyecto. Los dirigentes consideran que esos hechos pueden comprometer la infraestructura y generar nuevos retrasos.
La comisión remarcó que Sedapal dispone de una carta fianza de fiel cumplimiento por más de S/ 115 millones, por lo que, a su juicio, el Estado cuenta con respaldo financiero suficiente ante eventuales incumplimientos del contratista.
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“El acceso al agua potable y al alcantarillado es un derecho humano fundamental. Nuestras comunidades han esperado durante décadas”, señalaron Carlos A. Chávez Montoya, Oswaldo de la Cruz Coro y Clementina Saravia, integrantes del Comité de Vigilancia Social.
Los dirigentes afirmaron que, si las entidades no confirman el destrabe de los fondos, extenderán las protestas y evaluarán una movilización hacia Palacio de Gobierno.
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