¿No alcanza el dinero?: Economista asegura que 8 de cada 10 familias peruanas llegan con las justas a fin de mes

Según el sondeo de TAN Puls Perú, el 48% de los consultados anticipó un deterioro de la economía peruana en el próximo semestre. La preocupación alcanzó a la situación de las familias: el 41% previó que sus condiciones serán más difíciles. En el mercado laboral, el 46% consideró que habrá un empeoramiento en los próximos meses.

Para el economista Eduardo Recoba, estos indicadores expresan con mayor fuerza la situación de los hogares de ingresos bajos y medios, donde cualquier variación de precios, empleo o ingresos impacta sobre el consumo diario. “Muchas familias llegan con las justas a fin de mes”, afirmó al describir un escenario de incertidumbre sobre la capacidad de cubrir gastos básicos y enfrentar imprevistos.

Casi la mitad de los consultados prevé un deterioro de la economía peruana

Recoba sostuvo que existe una distancia entre las proyecciones macroeconómicas y la realidad que enfrentan las familias y los negocios de menor escala. A su juicio, las mediciones habituales sobre las expectativas empresariales no siempre recogen las dificultades de las micro y pequeñas empresas, que concentran una parte amplia de la actividad económica y el empleo.

“El Banco Central de Reserva del Perú te encuesta al 1% de la gran corporación en Perú, y no al 98% o 99%, que es la mype, que es la que mueve el país”, señaló. El especialista cuestionó que las evaluaciones centradas en grandes compañías puedan trasladarse de forma directa a los comercios, emprendimientos y unidades productivas con menor respaldo financiero.

Las micro y pequeñas empresas operan con márgenes más ajustados y disponen de menos capacidad para resistir una caída de ingresos, un aumento de costos o una reducción de la demanda. Esa situación, según Recoba, se traslada a los hogares mediante empleos informales, ingresos variables y una menor posibilidad de reservar dinero para contingencias.

El economista vinculó la vulnerabilidad de las familias con la falta de inversión privada, la precariedad laboral y la falta de señales claras sobre el rumbo de las políticas públicas. En ese escenario, recomendó ordenar los gastos, elaborar presupuestos familiares y evitar compromisos crediticios que no puedan sostenerse en el tiempo.

También planteó que la educación financiera debe incorporarse desde los primeros años de la formación escolar. “Ya tiene que ser parte de una materia más seria en el colegio”, afirmó al referirse a la necesidad de enseñar herramientas vinculadas con el ahorro, el endeudamiento y la administración de los ingresos.

Las micro y pequeñas empresas enfrentan menor margen para absorber una caída de ingresos

La encuesta fue realizada en septiembre, por lo que Recoba consideró que será necesario observar el comportamiento de las expectativas en los meses siguientes. Para el analista, la evolución de la confianza dependerá de las decisiones que adopten las autoridades y de la capacidad de ofrecer previsibilidad a los hogares y al sector privado.

“La confianza es la que determina la reacción de la economía ante una gestión pública”, sostuvo. “El mercado no premia mucho las expectativas. Lo que te premia el mercado, la economía, el entorno económico, es la confianza”. En su diagnóstico, las previsiones favorables requieren reglas claras, cumplimiento de contratos y mensajes consistentes desde el Estado.

Recoba planteó que la inversión privada necesita una estrategia que articule el diálogo nacional con las necesidades de cada región. Esa política, indicó, debe asociarse a la generación de empleo formal y sostenible, con medidas que permitan reducir la incertidumbre de las empresas y de quienes dependen de ingresos diarios.

El economista identificó tres frentes que inciden sobre las expectativas de la población: la inseguridad ciudadana, el desempeño económico y la preparación ante el fenómeno de El Niño. Advirtió que las consecuencias de eventos climáticos de esa magnitud no se limitan al periodo de lluvias, ya que pueden afectar infraestructura, actividad productiva y condiciones fiscales durante varios años.

Como antecedente, mencionó los efectos que dejaron los episodios de 1997-1998 y 2017. Según Recoba, la planificación pública debe contemplar acciones de prevención, obras de infraestructura y mecanismos de respuesta que reduzcan los costos para las familias, los negocios y las regiones más expuestas.

La inseguridad y El Niño aparecen entre los riesgos que presionan sobre la confianza

En materia fiscal, Recoba cuestionó la idea de que el país tenga un margen amplio solo por las cotizaciones de los metales. Señaló que el oro pasó de superar los USD 5.000 por onza troy un año antes a cotizar por debajo de USD 4.100, mientras que el cobre se mantuvo cerca de USD 6 por libra.

El analista remarcó que los ingresos de la minería formal no dependen de forma exclusiva de los precios internacionales. Las compañías también deben afrontar costos de operación, transporte, energía y logística, además de condiciones regulatorias y sociales que pueden afectar sus planes. “No es que seamos inmunes”, sostuvo sobre la exposición de la economía peruana a esos factores.

Recoba afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas debe evitar subsidios y bonos sin una evaluación previa de costos, beneficios, precios y población alcanzada. Para el economista, las políticas públicas requieren objetivos medibles y mecanismos que permitan conocer si los recursos llegan a los sectores previstos.

También sostuvo que los gobiernos regionales y locales necesitan acompañamiento técnico para utilizar fondos como el canon en proyectos de salud, educación e infraestructura. Según explicó, varias autoridades subnacionales reclaman capacitación para ejecutar sus presupuestos y manejar los procedimientos del Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos.

La falta de asistencia desde el Gobierno central, añadió, limita la puesta en marcha de hospitales, colegios de alto rendimiento y otras obras que las regiones buscan impulsar. La evolución de las expectativas económicas y políticas dependerá, en parte, de la capacidad estatal para convertir esos recursos en proyectos concretos y servicios para la población.