David, Goliat y la mosca de la fruta

Corría el año 2009 y negociábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En una de esas reuniones, un grupo de agricultores norteamericanos planteó una queja que todavía recuerdo con nitidez: nuestras agroexportaciones venían de la costa, decían, mientras que la coca crecía en la selva; entonces, ¿por qué premiar con acceso a su mercado a un país que no resolvía su problema de cultivos ilegales en el resto de su territorio? La respuesta que dimos entonces fue una apuesta: las empresas exitosas de la costa no solo atraen mano de obra de esas regiones, tarde o temprano se desplazan también hacia ellas. Diecisiete años después, esa apuesta empieza a verse con más claridad, y creo que hay una pieza de tecnología concreta que puede acelerarla.

El espárrago de Ica es la prueba. Hace cuatro décadas, cuando se iniciaron sus exportaciones, el jornal rural rondaba un dólar diario y la informalidad del campo era casi total. Hoy varias regiones agroexportadoras tienen pleno empleo, y hay campos en Ica que quedan sin cosechar por falta de brazos. Con apenas 200 mil hectáreas se transformó la economía rural de una franja del país. El Callejón de Huaylas, con flores, arándanos y arvejas chinas donde antes solo había cultivos tradicionales, sigue ya ese mismo camino. El reto pendiente es que ese camino no se quede en la costa, que ocupa el 12% del territorio con el 60% de la población, mientras la selva —60% del territorio y apenas 10% de la población— sigue esperando su turno.

El obstáculo central para dar ese siguiente paso tiene nombre propio: la mosca de la fruta. Es, sin exagerar, el Goliat de la agroexportación peruana, la barrera fitosanitaria que más limita el acceso de nuestras frutas a mercados exigentes. Y frente a ese Goliat existe una honda que el Perú ha usado poco: la irradiación de alimentos. Con haces de electrones, rayos X o cobalto-60 —nunca con neutrones, conviene precisarlo, porque la confusión es frecuente— es posible esterilizar insectos para sueltas dirigidas, aplicar tratamientos cuarentenarios que sustituyen o complementan al frío y al calor, y extender la vida de anaquel de productos tan distintos como la papa, la cebolla, el café o el cacao. Ninguno de estos usos vuelve radiactivo al alimento; todos están respaldados por décadas de uso comercial en el mundo.

La brecha tecnológica que tenemos frente a otros países es elocuente. El Perú accede hoy a Estados Unidos con apenas tres productos irradiados —granada, higo y arándano—, mientras Hawái tiene acceso para catorce y México para doce. No es que nuestra oferta exportable sea menor; es que carecemos de la infraestructura poscosecha que otros países ya construyeron hace años. Cerrar esa brecha, producto por producto, equivale a abrir nuevas líneas de exportación que hoy simplemente no existen.

Por eso valoro que, en las últimas semanas, se haya avanzado en un estudio de factibilidad con el Centro Nacional de Investigación en Haces de Electrones y Rayos X de la Universidad de Texas A&M —uno de los referentes mundiales en esta tecnología— para evaluar la instalación de la primera planta de este tipo en el país, en coordinación con el IPEN y el SENASA. No sería el primer intento: en los últimos años ha habido al menos tres esfuerzos previos, ninguno concretado todavía. Que a la cuarta vaya la vencida dependerá menos de la tecnología —que ya existe y funciona en varios países— que de la capacidad del Estado y del sector privado para articularse alrededor de un mismo proyecto.

En esa línea, hay una propuesta concreta que merece discutirse: que una entidad privada sin fines de lucro asuma la administración de la Planta de Irradiación Multipropósito que hoy existe, subutilizada, en el mercado de Santa Anita, y que sirva de primer nodo de una red que crezca hacia otras regiones. Un esquema así permitiría articular en un solo vehículo los esfuerzos de SENASA, IPEN, INIA, los gremios agroexportadores, la inversión privada y la cooperación internacional, sin las rigideces de una gestión puramente estatal ni las urgencias de rentabilidad de una concesión convencional.

La visión de fondo no es construir una planta aislada, sino sembrar clústeres agroindustriales completos —producción, tratamiento fitosanitario, laboratorios, dosimetría, certificación, logística— en zonas que hoy dependen de alternativas productivas frágiles o ilegales. El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro es, en ese sentido, la siguiente estación natural: donde hoy hay coca, podría haber cacao, café o frutales tratados con la misma tecnología que ya certifica nuestras exportaciones de la costa.

Nada de esto es una varita mágica. Es, como toda infraestructura estratégica, una apuesta de mediano plazo que exige inversión, aprendizaje regulatorio y paciencia institucional. Pero la alternativa —seguir concentrando el éxito agroexportador en el 12% del territorio mientras el resto espera— tiene un costo que ya conocemos. Van diecisiete años desde aquella reunión de 2009. Es hora de que la honda llegue, por fin, a la mano de David.