La minería ilegal no se extrae, se procesa

Perú exhibe cifras económicas favorables en minería, exportaciones que superan los US$21.000 millones y una cartera de inversión que bordea los US$64.000 millones. Pero ese optimismo convive con una amenaza que ningún plan de gobierno quiso nombrar con claridad durante la campaña: la minería ilegal e informal, que hoy constituye la economía ilícita más grande del país, por encima del narcotráfico.

En su mensaje por Fiestas Patrias, la presidenta sí se refirió al problema, en tono contundente, su gobierno usará las herramientas que le da la Constitución para recuperar los territorios tomados por la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado, con decretos de urgencia, facultades legislativas y modernización policial. Pero conviene no confundir un anuncio contundente con una política, la minería ilegal apareció diluida dentro de una estrategia general contra el crimen organizado, sin capítulo propio, y especialistas como Iván Arenas ya advirtieron que tampoco fue eje central del borrador de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo. Más llamativo aún, en un discurso con espacio para el crimen organizado, la presidenta no mencionó una sola vez al Reinfo, el mecanismo que la propia industria minera formal identifica como el principal “camuflaje jurídico” de la minería ilegal.

Ese silencio no es menor. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido más explícito, reconoció que, al renovarse el Congreso, la Ley MAPE “vuelve a foja cero”. Hasta ahí, razonable. Lo que preocupa es que, consultado sobre una eventual ampliación del Reinfo, no la descartó. De ahí que el primer reto de este gobierno sea de coherencia, no basta con hablar duro sobre crimen organizado si, en la letra chica de la política sectorial, se sigue abriendo la puerta a una nueva prórroga. Ya vivimos ese contraste con el reglamento de la Ley MAPE de mayo del año pasado, aunque el Minem argumentaba que el Reinfo dejaría de existir con la nueva norma, el propio texto sustitutorio que manejaba la Comisión de Energía y Minas seguía otorgando beneficios a los inscritos, prolongando su vigencia por la puerta de atrás.

Si el patrón se repite, la nueva Ley MAPE corre el riesgo de convertirse en un Reinfo con otro nombre.

El segundo reto es normativo, la ley necesita plazos definitivos, no vocación de permanencia. Cada requisito de formalización —titularidad de concesión, instrumento ambiental, contrato de explotación— debe tener fecha límite y consecuencias reales para quien no la cumpla.

Un proceso sin plazos, como ha sido el Reinfo, es una zona gris donde conviven, sin distinción, el minero que sí quiere ordenarse y el que usa el registro como licencia para extraer, transportar y comercializar mineral ilegal sin fiscalización.

El tercer reto es institucional: diferenciar con claridad la minería informal de la ilegal, con responsabilidades precisas para cada entidad del Estado. La formalización le corresponde al Minem, en coordinación con los gobiernos regionales; la persecución del delito exige articulación real entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Pero si hay un punto donde este gobierno puede lograr un efecto multiplicador con relativamente pocos recursos, pero sí voluntad política, es el control de las plantas de beneficio. A diferencia de la extracción —dispersa en miles de puntos, muchos en zonas remotas—, el mineral extraído ilegalmente tiene que pasar, en algún momento de la cadena, por una planta procesadora antes de volverse un producto comercializable.

Son relativamente pocas, están identificadas, y son el cuello de botella natural de la economía ilegal minera, quien controla las plantas de beneficio controla buena parte de la ruta del mineral ilícito. Por eso la trazabilidad no debe pensarse solo desde la extracción, sino sobre todo desde el procesamiento, exigir condiciones técnicas y financieras para comprar y procesar minerales y acabar con la libre disponibilidad de minerales sin origen verificado. Si a esto se suma la articulación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Sunat para rastrear los flujos de dinero asociados a esas plantas, el Estado tendría, por primera vez, un punto de control real sobre una cadena que hoy se mueve casi con total impunidad entre la extracción informal y la exportación formal.

Los primeros cien días serán determinantes, no porque la Ley MAPE deba aprobarse en ese plazo —sería ingenuo pensarlo dado los procesos del nuevo Congreso—, sino porque ahí se verá si los anuncios se traducen en una propuesta firme, con las plantas de beneficio como punto de control central, o si el gobierno termina cediendo, una vez más, a la presión de ampliar el Reinfo.

Perú tiene una ventana de oportunidad minera excepcional. Pero se construye también puertas adentro, ordenando lo que durante más de una década hemos permitido que crezca en la informalidad y la ilegalidad. El nuevo gobierno tiene la evidencia, tiene el mandato y tiene la fecha límite del 31 de diciembre. Lo que todavía no sabemos —y lo dicho hasta ahora no despeja la duda— es si tendrá la voluntad política para no repetir los mismos errores.