La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) saludó la condena impuesta por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional contra los cuatro responsables del asesinato del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado, líder indígena de la región San Martín que fue emboscado y asesinado en 2023 por denunciar la tala ilegal en su territorio ancestral. Las penas oscilan entre 15 y 35 años de prisión.
Según informó Andina Noticias, el tribunal, integrado por las juezas Nayko Coronado Salazar y María Benites Goicochea, y el magistrado Wilmer Quispe Umasi, acreditó la responsabilidad penal directa de los cuatro procesados. La OACNUDH calificó el fallo como un avance en la lucha contra la impunidad y en la protección de quienes defienden los derechos humanos.
El pronunciamiento de la ONU se sumó al del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, conformado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Cultura (Mincul). En un comunicado conjunto, los tres sectores ratificaron la trascendencia del fallo y lo describieron como “una expresión del compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad de crímenes en agravio de personas defensoras de derechos humanos”, de acuerdo con lo reportado por el citado medio.
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Condenas y reparación civil
El colegiado impuso las penas más altas a Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz, condenados a 35 años de cárcel como coautores de los delitos de sicariato y homicidio calificado en grado de tentativa. A Segundo Juan Villalobos Guevara se le dictó una condena de 28 años y cuatro meses como coautor de sicariato, tras probarse que ofreció un beneficio económico para la comisión del crimen. Jerrly Saboya Saboya recibió 15 años de pena como cómplice primario por haber provisto el arma de fuego utilizada en el atentado.
La resolución también fijó una reparación civil de un millón de soles, monto que los cuatro condenados deberán abonar de forma solidaria. El fallo tomó en cuenta, además, las graves lesiones sufridas por Axeldina Barbarán Tapullima, quien acompañaba al apu Inuma Alvarado en el momento de la emboscada.
Defensa del territorio
El asesinato de Inuma Alvarado se inscribe en un patrón de violencia contra líderes indígenas de la Amazonía peruana que enfrentan a organizaciones dedicadas a la tala ilegal y la explotación no autorizada de recursos naturales. El tribunal determinó que existió un acuerdo concertado entre los condenados para eliminar al líder comunal con el propósito de silenciar sus denuncias públicas contra las mafias que operaban en su territorio.
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La OACNUDH expresó su solidaridad con la familia del apu y con la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, y subrayó que el fallo representa un avance en la protección de los defensores de derechos humanos en el país. Andina Noticias detalló que el organismo internacional destacó la condena como una señal contra la impunidad en casos que involucran a líderes indígenas amazónicos.
Emboscada y muerte
Los hechos ocurrieron la tarde del 29 de noviembre de 2023, cuando Inuma Alvarado retornaba desde Tarapoto hacia su comunidad nativa en el distrito de Huimbayoc, junto a su esposa, familiares y Barbarán Tapullima. La embarcación en que viajaban fue interceptada en el sector conocido como El Vado, donde los agresores habían cortado previamente un árbol para obstruir el cauce del río Yanayacu.
Desde la orilla, los atacantes dispararon múltiples veces con escopetas y pistolas contra la comitiva. El apu murió en el ataque y su acompañante resultó herida. El juicio oral reconstruyó con precisión la planificación previa del crimen y la participación de cada uno de los condenados en su ejecución.
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Impacto en la comunidad kichwa
La sentencia fue recibida por la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu como un reconocimiento al papel que Inuma Alvarado desempeñó en la defensa de su territorio. El fallo judicial pone nombre y responsabilidad penal a quienes organizaron y ejecutaron el crimen contra un líder que había convertido la denuncia pública en su principal herramienta de resistencia frente a las mafias madereras.
La reparación civil de un millón de soles fijada por el tribunal deberá ser abonada de forma solidaria por los cuatro condenados, quienes también enfrentan las consecuencias de un proceso que el Estado peruano presentó como parte de su compromiso con la protección de los defensores de derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente en la Amazonía.
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