Pocas veces una nueva administración gubernamental inicia su mandato con condiciones económicas tan auspiciosas. El Banco Central de Reserva (BCR) acaba de elevar su proyección de crecimiento para 2026 a 3,4%, con una inversión privada expandiéndose 12,5% y un significativo superávit en cuenta corriente. Si bien hay presiones inflacionarias transitorias por shocks de oferta y un deterioro de las finanzas públicas, los fundamentos de la economía son sólidos en un entorno externo excepcional. La pregunta no es si la economía crecerá el próximo año, sino si convertiremos un viento de cola transitorio en un mayor crecimiento sostenido y si aceleraremos la reducción de la pobreza.
En este contexto debe evaluarse el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica. No es inusual que un nuevo Gobierno solicite esta prerrogativa, instrumento previsto en el artículo 104 de la Constitución, acotado en materia y plazo y sujeto a fiscalización por el propio Congreso. Hay precedentes que marcaron época: los decretos de promoción de la inversión de 1991 y el paquete que habilitó el tratado de libre comercio con Estados Unidos en 2008. La presidente Keiko Fujimori se apresta a pedirlas para materializar los anuncios de su discurso inaugural. En el plano económico, tres materias concentran el mayor retorno esperado: la tributaria, la laboral y la de formalización y desregulación.
En lo tributario, el país mantiene cuatro regímenes empresariales que fragmentan la base y castigan el crecimiento. El Fondo Monetario Internacional recomendó desde 2022 reemplazar el Régimen Único Simplificado (RUS), el Régimen Especial de Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT) por esquemas basados en la renta neta, y un estudio reciente de la Unión Europea concluyó que estos regímenes fomentan el enanismo empresarial. El resultado es una presión tributaria cercana al 15% del PBI, seis puntos por debajo del promedio latinoamericano según la OCDE, con un incumplimiento del IGV en torno al 30% de la recaudación potencial. El pedido plantea un impuesto empresarial único con tasas marginales de 1% a 30%, exigencias contables graduales y un RUS reservado a bodegas y negocios de subsistencia. Como en el impuesto a las personas, la tasa mayor gravaría solo el tramo adicional de utilidad, eliminando el salto abrupto de carga que hoy castiga el cambio de régimen y convirtiendo al sistema en una ruta continua de crecimiento.
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En lo laboral, los costos no salariales bordean el 60% del salario en el régimen general, entre los más altos de la región según el Banco Interamericano de Desarrollo, y la rigidez de contratación y despido figura sistemáticamente entre las mayores del mundo. La consecuencia es conocida: siete de cada diez trabajadores son informales y la tasa llega a 85% entre los jóvenes. El pedido recoge la evidencia comparada: el subsidio al empleo joven de Chile elevó la probabilidad de empleo formal de sus beneficiarios hasta en veinte puntos porcentuales. En esa línea plantea créditos contra el impuesto a la renta por contratar jóvenes en planilla y por capacitar trabajadores, temporales y evaluables, además de precisar la deducción de gastos de capacitación del artículo 37 para frenar la litigiosidad, sin recortar derechos laborales.
En formalización y desregulación, el Perú ocupa el puesto 19 entre 50 economías en el pilar regulatorio del índice Business Ready del Banco Mundial, detrás de Colombia y México. Tres de cada cuatro barreras burocráticas provienen de municipalidades y un mismo trámite cuesta hasta 40 veces más según el distrito; solo en 2024 el Indecopi eliminó más de 4,000 barreras ilegales o irracionales, síntoma de un Estado que produce trabas más rápido de lo que las depura. La investigación del BCR asocia esta sobrerregulación con la persistencia de una informalidad de baja productividad. El pedido responde con una ventanilla única electrónica, empezando por la minera e interoperable con la Sunat y los gobiernos regionales, el análisis de impacto regulatorio obligatorio para toda nueva exigencia y el destrabe de la cartera minera que el Ministerio de Energía y Minas valoriza en US$64,000 millones.
“Cambiar normas es la parte fácil; lo decisivo es su aplicación, y esta depende de un cambio de actitud del Estado frente al sector privado.” Significa privilegiar sistemáticamente la remoción de costos de transacción sobre la creación de nuevos requisitos; garantizar seguridad jurídica y predictibilidad de las reglas del juego, hoy erosionadas por la discrecionalidad y la litigiosidad; y fortalecer al Indecopi, cuyo presupuesto real ha caído mientras crece su carga. La experiencia de la OCDE es concluyente ya que los países que sostienen ganancias de productividad institucionalizan la calidad regulatoria en lugar de decretarla una sola vez.
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La delegación debe otorgarse con rigor, con materias precisas y costos fiscales cuantificados, y usarse con resultados verificables. Eso es, más inversión, más empleo formal, más productividad. El Perú ya desperdició un superciclo. Tiene ahora una segunda oportunidad que ningún país recibe dos veces por casualidad. Facultades sí: para destrabar, no para acumular poder ni introducir desequilibrios entre los poderes del Estado. No hay razón objetiva para negárselas a una gestión que inicia, como pretenden algunas bancadas. Este fue un privilegio que me tocó administrar hace quince años, también al inicio de un mandato. Lo correcto es que el Gobierno sea juzgado por los resultados que obtenga, no por su capacidad de imponerse sobre la oposición.