Antes de la juramentación del nuevo gobierno, el debate público suele concentrarse en la conformación del gabinete, las primeras designaciones o los inevitables acomodos políticos. Sin embargo, más importante que los nombres será la capacidad para enfrentar problemas que el Perú arrastra desde hace décadas y que, en muchos casos, se han agravado durante los últimos cinco años.
La informalidad continúa siendo una de las principales limitaciones para el desarrollo económico y social del país. Más del 70% de los trabajadores se desempeña fuera de la formalidad. En el caso de las micro y pequeñas empresas (mypes), la informalidad alcanza el 86.8%. A ello se suma una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana. Hoy, el 86.1% de la población urbana percibe que vive en una situación de inseguridad, una cifra que refleja el deterioro de uno de los servicios más elementales que debería garantizar el Estado.
Las brechas en servicios básicos tampoco han desaparecido. Apenas el 54.2% de los peruanos cuenta con acceso a agua potable por red pública entre 20 y 24 horas al día durante toda la semana, mientras que casi el 30% de la población aún no dispone de acceso a una red de alcantarillado. Son carencias incompatibles con las aspiraciones de desarrollo de un país que lleva más de tres décadas apostando por el crecimiento económico.
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La descentralización también exige una revisión profunda. Solo en 2025, las municipalidades del país dejaron sin ejecutar más de S/ 8,000 millones que debieron traducirse en obras y mejores servicios para la población. El problema ya no parece ser la falta de recursos, sino la limitada capacidad para gestionarlos eficientemente.
En paralelo, el Perú continúa desaprovechando importantes oportunidades de crecimiento. Actualmente existen 65 proyectos mineros en cartera por más de US$ 63,000 millones que permanecen pendientes de ejecución. Asimismo, la brecha de infraestructura logística para el comercio exterior supera los S/ 92,000 millones. Ambas cifras reflejan el enorme potencial que permanece inmovilizado por trabas administrativas, conflictos, falta de planificación y ausencia de decisiones oportunas.
Y, pese a todo ello, la economía peruana continúa creciendo alrededor del 3% anual. Pero conviene ser claros respecto al origen de ese desempeño. Buena parte de dicho crecimiento responde a inversiones ejecutadas años atrás, condiciones internacionales favorables y la resiliencia del sector privado, que continúa generando empleo, inversión y oportunidades incluso en un contexto de elevada incertidumbre política.
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El Perú tiene potencial para crecer por encima del 5% durante varios años consecutivos. Ello permitiría acelerar la reducción de la pobreza, incrementar la formalización laboral y generar mayores recursos para financiar servicios públicos de calidad. Sin embargo, alcanzar ese objetivo exige decisiones que han sido postergadas durante demasiado tiempo.
Los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes. Recuperar la confianza, fortalecer la seguridad jurídica, destrabar inversiones estratégicas, mejorar la capacidad de ejecución del Estado y corregir las fallas del actual modelo de descentralización deberían formar parte de una agenda prioritaria.
El próximo gobierno no tendrá el beneficio de la sorpresa. Los problemas están identificados, las cifras son conocidas y los diagnósticos han sido ampliamente discutidos. Lo que el país necesita ahora no son más diagnósticos, sino capacidad de ejecución y voluntad política para resolver problemas estructurales que han limitado su desarrollo durante demasiado tiempo.
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