El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú anunció un plan para reducir la sobrepoblación carcelaria, que actualmente afecta a buena parte del sistema penitenciario nacional. El titular del sector, Luis Enrique Jiménez Borra, presentó el nuevo Plan Nacional de Deshacinamiento durante una conferencia de prensa, donde expuso las principales líneas de acción y los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria peruana.
Según detalló el ministro, la iniciativa busca analizar los casos de más de 5.000 expedientes que involucran aproximadamente a 24.000 personas privadas de libertad, en un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Poder Judicial. El objetivo central es identificar a los internos que podrían acogerse a beneficios penitenciarios, priorizando a aquellos condenados por delitos de baja gravedad.
“Solo se está considerando delitos de baja gravedad, como omisión de asistencia familiar, delitos dolosos y leves con sentencias menores a cuatro años (...) los delitos de mayor gravedad, como homicidio, sicariato o extorsión, de ninguna manera van a ser siquiera analizados”, indicó el titular del Minjus.
La colaboración entre el Ministerio de Justicia, el INPE y el Poder Judicial se considera clave para garantizar que la política de deshacinamiento se implemente bajo estricta supervisión judicial y sin poner en riesgo la seguridad pública.
Situación actual y desafíos de la infraestructura carcelaria
Jiménez Borra también describió la situación actual en los establecimientos penitenciarios del país. Según cifras oficiales, en el penal de Lurigancho, cuya capacidad es de 3.000 internos, conviven actualmente 10.000 personas privadas de libertad.
Un panorama similar se observa en el penal de Chincha, donde una celda diseñada para ocho reclusos alberga a 21 personas. “Esto hace imposible garantizar la seguridad”, advirtió el ministro ante los medios de comunicación.
El Plan Nacional de Deshacinamiento también incluye la revisión de la infraestructura penitenciaria existente, así como el avance de nuevas obras en distintas regiones del país. “Tenemos cuatro establecimientos penitenciarios en construcción o ampliación, en Pucallpa, Arequipa, Iquitos y Abancay”, precisó Jiménez Borra. La apertura de estos nuevos recintos permitirá reubicar a parte de la población carcelaria y aliviar la presión en los penales más congestionados.
Cronograma de implementación y visión de futuro
El ministro de Justicia indicó que el horizonte de implementación del plan se extiende hasta el año 2028, con el propósito de asegurar la continuidad de la política pública más allá de los ciclos gubernamentales cortos.
“Estamos dando la opción de ruptura, para que el próximo gobierno continúe con esta medida desde este año”, señaló el titular de Justicia, quien subrayó la necesidad de consolidar una política de Estado en materia penitenciaria.
Jiménez Borra sostuvo que la política presentada no implica la liberación masiva de internos, sino una revisión técnica y selectiva de casos, priorizando la reinserción social y la reducción de riesgos asociados al hacinamiento. El funcionario reiteró que la transparencia y la colaboración entre instituciones serán los pilares para la implementación efectiva del plan, cuyos resultados comenzarán a observarse en los próximos meses.