La reciente decisión de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) introduce cuestionamientos sobre los mecanismos de control en los procesos de admisión universitaria. Un resultado que en principio destacaba por su alto rendimiento académico terminó bajo revisión tras la detección de inconsistencias en la identificación del postulante.
El proceso ordinario de admisión congregó a más de diecisiete mil jóvenes que aspiraban a una de las dos mil cuatrocientas cincuenta vacantes disponibles. En ese contexto competitivo, un puntaje cercano al máximo en la carrera de Medicina captó la atención de las autoridades académicas desde la publicación de los resultados.
La revisión interna derivó en una resolución que invalida el ingreso del postulante que ocupó el primer puesto. La medida se sustenta en informes técnicos y en la normativa vigente que regula el acceso a la educación superior pública.
Investigación interna y peritajes técnicos
El caso se originó a partir de la diferencia entre el puntaje obtenido por el postulante y el promedio general del examen, que no superó los 78 puntos. Según información difundida por el diario El Pueblo, esta brecha activó los protocolos de verificación de la Dirección de Admisión.
La revisión incluyó la evaluación de documentos, firmas y registros biométricos. El informe técnico concluyó que existían irregularidades en la identificación del postulante. En particular, una pericia grafotécnica y dactiloscópica determinó que la huella digital registrada en el acta de asistencia no correspondía al titular del Documento Nacional de Identidad.
El documento oficial señala que este resultado constituyó un elemento determinante para calificar el hecho como suplantación de identidad durante el examen de admisión. Esta falta figura entre las infracciones más graves contempladas en el reglamento universitario.
Resolución y sanciones adoptadas
La medida se formalizó mediante la Resolución Vicerrectoral N.° 141-2026-VR.AC., emitida el 26 de marzo. En este documento se dispone la anulación del ingreso del postulante Kevin Zósimo Tunqui Ccallo, identificado con el código N.° 12034.
Además de la pérdida de la vacante en la carrera de Medicina, la resolución establece su inhabilitación definitiva para participar en futuros procesos de admisión en la UNSA. El nombre del postulante fue incorporado en la base de datos institucional de personas inhabilitadas, conforme al reglamento de pregrado.
El informe de la Dirección de Admisión respalda la decisión con base en los resultados del peritaje. La universidad notificó a las instancias correspondientes para la ejecución de las medidas administrativas.
Alcances legales y posibles acciones adicionales
La resolución también indica que el caso podría ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. Esta posibilidad responde a la naturaleza de la infracción, que involucra la suplantación de identidad en un proceso oficial.
La UNSA fundamenta su actuación en la Ley Universitaria N.° 30220, así como en los artículos 118° y 120° de su reglamento interno. Estas normas otorgan a la institución la facultad de regular y sancionar los procesos de admisión.
De acuerdo con el documento, la universidad mantiene su autonomía para aplicar medidas disciplinarias que aseguren la transparencia y la legalidad en la selección de postulantes.
Revisión de otros resultados del proceso
El caso no se limita a un solo postulante. La resolución señala que se realizaron pericias similares a otros ingresantes en diferentes programas académicos. Esta medida busca verificar la autenticidad de los resultados en todo el proceso de admisión correspondiente a la fase evaluada.
La aplicación de controles adicionales responde a la necesidad de garantizar que el acceso a las vacantes se base en criterios de mérito académico. Las autoridades universitarias indicaron que existen protocolos estrictos para detectar irregularidades.
El proceso de revisión técnica refuerza la supervisión sobre los mecanismos de identificación utilizados durante las evaluaciones. La implementación de estas medidas se enmarca en las disposiciones internas de la universidad y en la normativa nacional vigente.