El Gabinete del ministro Luis Arroyo solicitará el voto de confianza ante el Congreso de la República una vez que pasen de las Elecciones Generales 2026, según el presidente del Congreso y candidato al Senado por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.
En conversación con la prensa, el congresista fujimorista indicó que el gabinete liderado por Arroyo presentará la solicitud de voto de confianza al pleno del Congreso una vez pasada la primera vuelta de las elecciones, el próximo 12 de abril de 2026. Según él, la fecha se coordinará posteriormente.
“El gabinete ministerial se va a presentar luego de las elecciones. Eso fue lo que conversé con el presidente del Consejo de Ministros, con el general Arroyo, la vez que me visitó acá. Apenas pasa el proceso electoral, se va a coordinar la fecha en que se va a presentar el nuevo gabinete”, afirmó.
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Efectos de la crisis política y ministerial en la seguridad
El presidente del Congreso aprovechó su contacto con medios de comunicación para afirmar que la inseguridad provoca “enorme zozobra y terror entre la población”. Añadió que las crisis políticas y los cambios en el gabinete afectan la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia. “Las sucesivas crisis y cambios no ayudan al combate contra la delincuencia”, indicó.
Rospigliosi recordó que previamente se reunió con un titular del Interior del gabinete anterior para coordinar acciones en seguridad, pero pronto se produjo un nuevo relevo ministerial. La necesidad de estabilidad fue enfatizada como fundamental para responder a las demandas de seguridad ciudadana.
El debate sobre el gabinete se produce mientras el aumento de la percepción de inseguridad presiona al Gobierno a presentar propuestas claras. Para el presidente del Congreso, la rotación frecuente de autoridades debilita la respuesta estatal frente a la criminalidad.
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“Hace poco me reuní con el ministro del Interior del gabinete Miralles. Conversamos sobre algunas cosas importantes que hacer, y al poco tiempo cambiaron al gabinete Miralles y ahora tenemos otro ministro del Interior y otro gabinete. Entonces, esta situación de crisis política, de constantes cambios, sin duda, no ayuda al combate a la delincuencia”
Acusaciones al sistema judicial y repercusiones políticas
Por otra parte, Rospigliosi confirmó la presentación de una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Jorge Chávez Tamariz por no aplicar la Ley 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002 en el caso Luis Lara Poma.
Añadió que su denuncia se suma a la interpuesta por el congresista Jorge Montoya, quien también solicitó la destitución del magistrado. Dijo: “espero que esas denuncias se acumulen y que ese juez prevaricador y politizado sea sancionado, así como los jueces de la tercera sala penal”.
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El titular del Congreso amplió sus críticas, acusando la presencia de jueces “prevaricadores” en el sistema judicial y reclamando una depuración en el Poder Judicial. Sostuvo que limpiar el sistema sería necesario para recuperar la confianza pública y combatir la delincuencia.