Las investigaciones fiscales y los hallazgos periodísticos en el refugio La Casa del Padre abrieron una nueva etapa en uno de los casos más graves de vulneración de derechos de niñas y adolescentes en contextos de fe. A través de un pronunciamiento público, la Red de Sobrevivientes Perú exigió que se establezcan responsabilidades penales individuales e institucionales, tras confirmarse múltiples formas de violencia contra menores sobrevivientes de abuso sexual.
En su comunicado, la Red de Sobrevivientes Perú señaló que las diligencias del Ministerio Público y los reportes de la prensa permitieron determinar que más de diez niñas embarazadas escaparon del refugio a lo largo de los años, en un contexto marcado por violencia física y psicológica, así como por la presunta participación de un trabajador en posibles actos de violencia sexual.
El pronunciamiento advierte que la atención a las menores estaba condicionada al cumplimiento de exigencias religiosas de la iglesia evangélica vinculada al albergue, lo que —según el colectivo— constituye violencia espiritual, al instrumentalizar la fe de niñas en situación de extrema vulnerabilidad.
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Condiciones inadecuadas
La Red también denunció que las adolescentes vivían en condiciones inadecuadas e incluso insalubres, y que en algunos casos eran retenidas en el refugio como contraprestación por la ayuda material recibida, una práctica que calificó como violencia económica.
“El uso de la precariedad y el trauma para ejercer control sobre niñas que ya habían sido víctimas de violación y embarazo forzado es deleznable e inadmisible”, señaló el comunicado difundido en X el 16 de febrero de 2026.
Exigen responsabilidades penales e institucionales
Ante estos hallazgos, la Red de Sobrevivientes Perú exigió a las autoridades establecer responsabilidades penales de los fundadores del refugio, entre ellos la congresista Milagros Jáuregui y su esposo Guillermo Aguayo, así como de los directivos, psicólogos del albergue y de las funcionarias del Ministerio de la Mujer encargadas de la supervisión del local.
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El colectivo subrayó que la revictimización de las niñas no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que les genera nuevos traumas tras haber sobrevivido a violencia sexual.
Preocupación por los bebés nacidos en el refugio
Otro punto central del pronunciamiento es la situación de los bebés nacidos en ese contexto de violencia. La Red exigió conocer su paradero actual y evaluar su estado físico y psicológico, considerando que llegaron al mundo en circunstancias de grave vulneración de derechos.
“Es igualmente importante determinar qué ocurrió con esos niños y niñas y si hoy se encuentran protegidos”, remarcó la organización.
Investigación fiscal y presión social en aumento
El comunicado se conoce en medio de la investigación fiscal al refugio La Casa del Padre, tras la intervención realizada en su sede de Cieneguilla, donde se constató la presencia de 29 adolescentes y siete bebés. Las diligencias, lideradas por el fiscal Genaro Solís Quispe, se sustentan en el artículo 69 del Código de los Niños y Adolescentes, que prohíbe cualquier afectación a los derechos fundamentales de la infancia.
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El caso generó una fuerte reacción pública luego de la difusión de imágenes de menores en actividades del albergue, lo que derivó en cuestionamientos a la congresista Jáuregui y en el anuncio de una supervisión exhaustiva por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Silencio institucional y advertencia de vigilancia permanente
Mientras el albergue ha restringido sus redes sociales y evitado pronunciamientos públicos, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que seguirá vigilante del desarrollo de las acciones fiscales y administrativas.
“Estaremos atentos a cada paso del Ministerio Público, siempre buscando justicia, sanidad y prevención”, concluye el pronunciamiento firmado en Lima el 16 de febrero de 2026.
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