El Ejecutivo está preparando un paquete legislativo que permitiría al Ejército peruano intervenir en el control de la delincuencia a nivel nacional. Así lo adelantó el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, durante su presentación ante el Congreso, donde aseguró que la iniciativa busca definir las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Armadas podrían brindar apoyo operativo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para controlar los actos delictivos en el país.
“Estamos evaluando todos esos puntos y detalles, si va a ser pertinente y cómo nos van a apoyar. Queremos hacer algo diferente, que no sea una zona de emergencia sin resultados”, señaló Tiburcio ante las comisiones de Defensa y Transportes. La sesión, convocada originalmente para discutir medidas contra la extorsión en el transporte público, terminó centrando el debate en la nueva estrategia de seguridad del Gobierno frente al aumento de la delincuencia en Lima.
La propuesta surge en un contexto especialmente tenso, marcado por el descontento social y las críticas al uso de la fuerza por parte de la PNP. Organismos de derechos humanos advirtieron que la medida podría abrir la puerta a una militarización del control ciudadano, mientras la desconfianza hacia las instituciones continúa creciendo.
Estado de emergencia en evaluación por el Gobierno ante el incremento de la violencia urbana
El Ejecutivo evalúa declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana tras el aumento sostenido de la delincuencia y los recientes actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones nacionales. Según adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, la medida busca enfrentar una “criminalidad violenta” que se ha expandido en la capital y otras regiones, especialmente en zonas con alta incidencia de robos, extorsiones y sicariato. El premier precisó que la decisión será acompañada de un paquete de normas de seguridad, actualmente en revisión, orientadas a reforzar la presencia policial y militar en las calles.
De concretarse la declaratoria, el estado de emergencia permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, así como la suspensión temporal de derechos constitucionales vinculados a la libertad personal, el tránsito y la reunión pública. La medida tendría una vigencia inicial de 60 días y podría extenderse con la aprobación de un nuevo decreto.
Crisis política y estallido social
La noche del 15 de octubre marcó el inicio de la primera gran crisis del gobierno de transición de José Jerí, apenas una semana después de su asunción al poder tras la destitución de Dina Boluarte. Miles de personas, encabezadas por el colectivo Generación Z, tomaron las calles del centro de Lima para expresar su rechazo tanto a la clase política como al incremento de la inseguridad ciudadana.
La manifestación, inicialmente pacífica, derivó en enfrentamientos violentos frente al Congreso de la República, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas de seguridad y fue repelido por las fuerzas policiales con gases lacrimógenos, escudos y bastones. El saldo fue trágico: más de un centenar de heridos y un fallecido.
La víctima fue Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un joven artista urbano de 32 años, conocido como Trvko, quien murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el tórax en inmediaciones de la Plaza Francia. En un principio, el Ministerio del Interior negó la participación de efectivos policiales en su muerte; sin embargo, horas después, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, fue el autor del disparo. El general pidió perdón público a la familia de la víctima y aseguró que el agente se encuentra bajo investigación.
El impacto político no se hizo esperar. Diversas bancadas promovieron una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso —que implicaría la salida de Jerí del poder—, aunque finalmente fue rechazada con los votos de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País. Mientras tanto, colectivos estudiantiles y agrupaciones juveniles anunciaron una “movilización indefinida”, exigiendo justicia por Ruiz Sanz y la renuncia del presidente interino.