Al cumplirse 1.000 días de gestión de la presidenta Dina Boluarte, el país enfrenta un balance alarmante en materia de seguridad: 5.174 ciudadanos han sido víctimas de homicidios desde su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022, según datos obtenidos a través del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). La cifra confirma la persistencia de la violencia y la inseguridad como problemas centrales a lo largo del mandato.
La transición de poderes se produjo en un contexto de crisis, horas después del fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Durante diciembre de 2022, el Sinadef registró 88 homicidios a nivel nacional. Ya en enero de 2023, en pleno auge de protestas contra el gobierno de Boluarte, los asesinatos subieron a 124. Las estadísticas oficiales muestran que, desde ese mes, el número de homicidios mensuales no ha descendido de cien, con la única excepción de junio de 2023, cuando se reportaron 99 muertes.
El año más crítico ha sido el 2024, con noviembre encabezando las cifras al registrar 209 personas asesinadas, seguido muy de cerca por los meses de agosto de 2024, enero de 2025 y agosto de 2025, todos ellos con 205 víctimas fatales. Los datos reflejan no solo la magnitud del problema, sino también la incapacidad de revertir la tendencia durante el actual gobierno.
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Especialistas en seguridad consultados advierten que estos números evidencian un deterioro sostenido del control estatal frente al crimen organizado, sicariato y la expansión de economías ilegales. Diversas ciudades del país reportan de forma constante hechos de violencia fatal en espacios públicos, pese a las estrategias anunciadas para fortalecer la presencia policial y la modernización de sistemas de videovigilancia.
El recuento acumulado en estos 1.000 días supera ampliamente las cifras de gestiones anteriores en periodos equivalentes, marcando un récord negativo para la administración de Dina Boluarte. Las autoridades gubernamentales insisten en que intensificarán operativos y políticas preventivas, mientras que familiares de víctimas y organizaciones civiles han intensificado sus demandas de mayor acción estatal y protección ciudadana.
Las cifras de homicidios al cierre de agosto de 2025 sitúan al Perú ante uno de los mayores desafíos de seguridad de las últimas décadas, con el país sumido en una de sus peores olas de violencia homicida desde que existen registros confiables. A pesar de los constantes pedidos desde distintos gremios por respuestas claras a la crisis, la ciudadanía se siente insatisfecha por las acciones del gobierno.
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Apuntan a culpables
Según una encuesta nacional realizada por Datum y publicada en abril de 2025, el 52% de los peruanos responsabiliza a la Presidencia de la República, liderada por Dina Boluarte, de la actual crisis de inseguridad. Este porcentaje representa un aumento de 8 puntos en comparación con octubre de 2024. En contraste, el 47% de los consultados señala al Congreso como responsable, una cifra ligeramente menor respecto a sondeos previos. El sistema judicial, compuesto por jueces y fiscales, también incrementó su nivel de responsabilidad percibida, alcanzando el 28%.
La encuesta revela que la percepción de falta de estrategia para enfrentar la delincuencia persiste: el 80% de los peruanos considera que no existe una política efectiva para combatir la inseguridad, aunque este indicador refleja un descenso de 6 puntos respecto a octubre del año pasado. Solamente un 17% afirma percibir una estrategia clara. En cuanto a la eficacia de las leyes, un 62% de ciudadanos cree que estas han favorecido a la delincuencia y solo un 2% opina que han beneficiado a la ciudadanía.
Las cifras también muestran el impacto de la inseguridad a nivel regional: en Lima y Callao, el 57% de los encuestados reporta haber sido víctima de algún delito en los últimos tres meses, ubicándose como las zonas con mayor incidencia de criminalidad.
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