Dos efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) fueron condenados a prisión por corrupción. José Pérez del Campo y Edwin Hernández Huamaní, considerados hasta hace poco agentes confiables dentro de la unidad especializada, exigieron dinero a un ciudadano intervenido para evitar que el caso llegue al Ministerio Público. El hecho ocurrió durante una operación en agosto de 2019 en Lambayeque.
Ambos policías, conocidos como ‘los incorruptibles’ por sus colegas, formaban parte del equipo que lideraba investigaciones de alto perfil, pero terminaron implicados en un caso de cohecho. La Fiscalía acreditó que solicitaron una coima de S/30 mil a un investigado relacionado con el ingreso irregular de postulantes a una universidad pública. Recibieron S/14 mil a cambio de omitir su detención formal ante las autoridades judiciales.
Penas de más de seis años por delito de cohecho
El Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios logró que el Poder Judicial imponga prisión efectiva a los implicados. El capitán Pérez del Campo fue condenado a siete años, ocho meses y 18 días como autor del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Por su parte, el suboficial Hernández recibió una pena de seis años, 10 meses y nueve días como cómplice del mismo delito.
Junto a ellos también fue sentenciado Daniel Pizarro Delgado, en calidad de cómplice, a seis años, 10 meses y nueve días. Los tres fueron inhabilitados por igual período para ejercer cargos públicos. La intervención fiscal fue liderada por los fiscales adjuntos Josef Carreño y Sandro Chuquillanqui, quienes presentaron audios, transcripciones, reportes de llamadas y pruebas bancarias como sustento.
Filtración de información y manipulación de evidencias
La investigación fiscal reveló que el caso de la coima fue solo una parte de una trama mayor. La Fiscalía había logrado, en marzo de 2023, una sentencia previa de 35 años de cárcel contra Pérez del Campo por cohecho y otros delitos. Entre los cargos, se demostró que el oficial ofrecía eliminar evidencia de celulares incautados a cambio de dinero. Las conversaciones fueron confirmadas mediante declaraciones de colaboradores eficaces y pruebas periciales.
Se probó que el capitán solicitó S/15 mil a Jimmy Imaña Tamay y S/10 mil a Hamiltong Campos para borrar información de sus dispositivos móviles, incautados durante investigaciones fiscales. Además, se estableció su participación en la venta ilegal de equipos tecnológicos decomisados, así como su implicación en el secuestro agravado de un ciudadano, según los testimonios recabados y pruebas documentadas por la Fiscalía de Chiclayo.
Nueva sentencia tras anulación de fallo anterior
Aunque ya existía una condena anterior, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque anuló parte del fallo en el extremo que absolvía a Pérez del Campo, Pizarro Delgado y Hernández Huamaní por el caso de la coima de S/30 mil. El tribunal ordenó un nuevo juzgamiento, el cual culminó con la sentencia emitida recientemente contra los tres procesados.
Los hechos ocurrieron durante un operativo en el que detectaron que un ciudadano había facilitado el ingreso ilegal de postulantes a un examen de admisión. En lugar de actuar conforme al protocolo, los policías le exigieron dinero para no comunicar la intervención al Ministerio Público. Esta omisión fue documentada y sirvió como base del proceso fiscal que terminó con penas privativas de libertad.
Más implicados y red extendida
Durante el proceso judicial también fueron identificados otros implicados. Jimmy Imaña Tamay y Hamiltong Campos recibieron cuatro años de prisión efectiva por entregar dinero a Pérez del Campo. La abogada Zoila Rosa Vega Quiroz fue sentenciada a cuatro años, con pena suspendida, por colaborar en estos hechos. El tribunal ordenó además su ubicación y captura a nivel nacional.
La Fiscalía fijó que José Pérez del Campo deberá pagar S/80 mil como reparación civil. La información recabada permitió establecer que las irregularidades cometidas por los sentenciados afectaron directamente a investigaciones en curso y vulneraron procesos legales. Los implicados, que hasta hace poco representaban a una unidad anticorrupción, usaron sus cargos para beneficiarse económicamente de personas investigadas.