El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, ha presentado un proyecto de ley para que se pueda elegir a jueces y fiscales supremos mediante voto popular, al igual como sucede en otros países, como Bolivia, México, Estados Unidos o Suiza, donde también escogen a representantes del sistema judicial a través de este mecanismo.
También figuran como coautores, Flavio Cruz Mamani, María Taipe Coronado, Isaac Mita, kelly Portalatino, y María Agüero. Para lograr el objetivo, el legislador indica que se tendrá que modificar los artículos 31, 147 y 158 de la Constitución Política del Perú. De esta manera, se establece que los ciudadanos, “tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, así como a los jueces y fiscales supremos".
Además, se precisa que para ser juez supremo se debe tener entre 25 y 78 años. El periodo sería de cinco años, sin reelección, mientras que el proceso sería llevado a cabo por los órganos del Sistema Electoral. En el caso de fiscales supremos, explican que se requiere:
- Ser peruano de nacimiento
- Ser ciudadano en ejercicio
- Ser mayor de cuarenta y cinco años y menor de setenta y cinco años
- Haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria en materia jurídica por quince años.
- Los fiscales supremos son elegidos por voto popular por un periodo de cinco años, no podrán ser reelegidos.
- El proceso de elección es llevado a cabo por los órganos del Sistema Electoral.
Finalmente, se dispone que el Parlamento sería el encargado de adecuar las leyes orgánicas, del Sistema Electoral, y de carrera del Poder Judicial y del Ministerio Público, en máximo 90 días de haberse aprobado la medida.
¿Por qué quieren hacer este cambio?
Américo Gonza argumenta que este proyecto tiene como finalidad “fortalecer el sistema de justicia mediante su democratización”, y que la propuesta nace como una respuesta directa a la “creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia”. Aquí, menciona específicamente a la Fiscalía, cuya legitimidad, según el congresista, “se ha visto severamente afectada por escándalos de corrupción, falta de transparencia y crisis de gobernabilidad”.
Luego, indica que en los últimos años se han expuesto informes oficiales y reportes periodístico que “han puesto en evidencia una preocupante degradación institucional dentro del Ministerio Público”. En ese sentido, señala el Reporte N.° 3 de la Defensoría del Pueblo, titulado La corrupción en el Perú (2019), que data de enero de 2015 y septiembre de 2018.
“Se identificaron 222 procesos disciplinarios y penales contra 186 fiscales, siendo el tráfico de influencias (20%) y el cohecho pasivo específico (14%) los delitos más frecuentes. Especial preocupación genera el hecho de que el 43% de estos fiscales eran adjuntos provinciales, es decir, aquellos que tienen un papel clave en las investigaciones penales”, explica.
Es en este contexto, que se ha planteado “dudas sobre si existen problemas estructurales en la selección y permanencia de estas autoridades”, acota el legislador. “En el mismo informe de la Defensoría del Pueblo se advierte una alarmante situación en el Poder Judicial: entre enero de 2015 y septiembre de 2018 se registraron 221 casos seguidos contra 167 jueces, revelando una preocupante tendencia de presunta corrupción en altos niveles del sistema”, añade.