La defensa legal de Patricia Benavides alista una nueva estrategia para lograr su regreso como fiscal de la Nación, apelando a precedentes internacionales y cuestionando lo que consideran una violación de sus derechos fundamentales.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado Humberto Abanto explicó que, si bien inicialmente se contemplaba que Benavides retomara sus funciones solo hasta el 1 de julio —fecha en la que vencía su periodo como titular del Ministerio Público para el periodo 2022–2025—, esa postura ha cambiado tras la decisión judicial que dispuso su suspensión por 24 meses.
“He sostenido eso [que Patricia Benavides asuma hasta el 1 de julio] hasta que vi esta actuación de mala fe. Cuando uno ve que lo que se intenta es consolidar una violación de un derecho, uno tiene que pensar las cosas”, declaró.
La nueva estrategia legal contempla consultar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) si sería posible extender el mandato de Benavides para compensar los meses en que no pudo ejercer el cargo debido a la suspensión preventiva dictada por el juez Segismundo León.
Según Abanto, lo ocurrido representa un “intento de profundizar el agravio” y, por tanto, justifica una revisión del límite temporal del cargo.
“Ante el cambio de los hechos tengo que cambiar de opinión. El cambio no es caprichoso, el cambio tiene que ver porque veo que hay un intento de profundizar el agravio a la señora Benavides”, añadió.
Como sustento, Abanto citó el caso Tribunal Constitucional vs. Perú (2001), resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la reposición de tres magistrados destituidos durante el régimen de Fujimori y reconoció su derecho no solo a regresar al cargo, sino a recuperar el tiempo que no pudieron ejercer por mandato interrumpido.
“La Corte IDH estableció no solo la restitución [de los magistrados] cuando estaban con mandato vencido, sino la reposición del plazo perjudicado”, argumentó el abogado.
La posibilidad de extender el mandato también fue planteada por Jorge del Castillo, otro de los abogados de Benavides, quien en conferencia de prensa aseguró que esa alternativa será evaluada “en su momento”.
Cabe recordar que Patricia Benavides enfrenta una suspensión por 24 meses mientras se desarrolla una investigación por presuntamente liderar una red criminal dentro del Ministerio Público. Tanto Del Castillo como Abanto indicaron que ejercen su defensa ad honorem, es decir, sin cobrar honorarios.
La estrategia legal de la exfiscal de la Nación apunta ahora a deslegitimar la resolución judicial y presionar a la JNJ para que reconozca su derecho a recuperar el tiempo perdido, en lo que podría convertirse en una batalla jurídica de largo aliento con implicancias constitucionales y políticas.
JNJ alistaría proceso contra fiscal de la Nación, Delia Espinoza
Patricia Benavides no quedó conforme con el fallo judicial que ordena su suspensión, ni con la actitud de Delia Espinoza, quien se negó a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituyó como fiscal de la Nación.
Su abogado, Humberto Abanto, adelantó que el equipo legal de Benavides —integrado también por Jorge del Castillo, Juan Peña y Christian Salas— está preparando una queja contra el juez Segismundo León, responsable de dictar la suspensión preventiva por 24 meses. Según la defensa, el magistrado resolvió suspender a Benavides después de que la JNJ ya había oficializado su retorno al cargo, lo que consideran una grave irregularidad.
Sin embargo, el juez no sería el único en la mira. La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también podría enfrentar un proceso disciplinario, que —según los abogados de Benavides— podría concluir con su salida del Ministerio Público.
Abanto ya había advertido públicamente que, tras la resolución de la JNJ, Espinoza tenía la obligación de ceder el cargo. “Si no cumple con lo acordado por la Junta, se arriesga a que se le inicie un proceso disciplinario”, señaló en sus primeras declaraciones.
Pese a esa advertencia, Espinoza se mantuvo firme y no reconoció a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público, desatando una nueva confrontación institucional que ahora se traslada al terreno legal.