En la ciudad peruana de Arequipa, la reciente explosión en un taller pirotécnico ha subrayado la urgente necesidad de mayor control y regulación sobre las actividades relacionadas con la manipulación de explosivos. El lamentable incidente, ocurrido el 12 de mayo, cobró la vida de tres personas, dos brasileños y un peruano, en un taller que inicialmente contaba con licencia para fabricar pirotécnicos pero que, según las investigaciones preliminares, estaba elaborando materiales explosivos.
Luis Escalante Guillén, exintendente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), reveló a Radio Exitosa que, aunque oficialmente existen solo diez talleres autorizados en Arequipa, el número de instalaciones clandestinas es indeterminado. Estas fábricas ilegales burlan las inspecciones al cerrar sus puertas cuando detectan la presencia de autoridades.
El subgerente de Licencias de Cerro Colorado, Marco Antonio Sanabria, indicó que el distrito es un foco de actividad pirotécnica ilegal. A pesar de las fiscalizaciones, muchas operaciones se mantienen ocultas, eludiendo la regulación pertinente. La reciente tragedia que causó la muerte de Marcelo Augusto Correa, Gabriel Lorenzo dos Santos y Wilfredo Huanca Canaviri acentuó la necesidad de operativos más rigurosos.
Explosión en Cerro Colorado
La explosión ocurrió en el parque pirotécnico de Cerro Colorado, un área donde la coexistencia de talleres y zonas residenciales incrementa el riesgo para los vecinos. Estos talleres realizan pruebas de pirotecnia, afectando la seguridad y las estructuras de viviendas cercanas, como relataron algunos residentes. El crecimiento poblacional ha llevado a la construcción de casas en proximidades inmediatas a estos talleres, intensificando el miedo a futuros incidentes.
Julio César Valencia Cornejo, superior de policía encargado del Área Técnica de Inspección de la Unidad de Desactivación de Explosivos de Arequipa, advirtió sobre la diferencia entre los explosivos industriales y los pirotécnicos. La investigación preliminar sugiere que en el taller siniestrado se manipulaban explosivos de uso industrial, reservados para la minería, cuya detonación es significativamente más peligrosa que la de los artefactos pirotécnicos convencionales.
El caso se complica aún más debido a la presencia de fábricas clandestinas que operan disfrazadas de viviendas, evadiendo la fiscalización efectiva. Estos establecimientos, al margen de la legalidad, representan un peligro latente no solo por los materiales que manipulan, sino por la falta de preparación del personal no capacitado, un factor que agrava los riesgos involucrados.
Desafíos para las autoridades
Mientras tanto, las autoridades locales enfrentan el desafío de reforzar las inspecciones y clausuras de estos talleres ilegales para prevenir más tragedias. La implementación de medidas preventivas es urgente, especialmente considerando que Arequipa es una ciudad con profundas tradiciones culturales donde los fuegos artificiales son parte integral de las festividades.
Esta situación también revela discrepancias administrativas, ya que distintos niveles de gobierno parecen descoordinados en sus esfuerzos de regulación. La Sucamec, que asegura tener controladas las operaciones legales, demuestra dificultades para lidiar con la proliferación de talleres clandestinos, evidenciando una brecha entre la capacidad normativa y la realidad sobre el terreno.
La explosión en el taller de Cerro Colorado no solo ha cobrado vidas; también ha dejado preguntas urgentes sobre la capacidad de supervisión de las autoridades.
Pepel de Sucamec
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil en Perú es responsable de regular y supervisar la fabricación, almacenamiento y comercialización de pirotecnia. En el caso de talleres legales, Sucamec se encarga de otorgar licencias y realizar inspecciones para asegurar el cumplimiento de normas de seguridad. Respecto a los talleres ilegales, su labor incluye la identificación y clausura de estas instalaciones, además de coordinar con autoridades locales para mejorar la fiscalización y reducir los riesgos asociados a la manipulación no autorizada de materiales explosivos en entornos urbanos.