En 13 establecimientos penitenciarios de nuestro país, un total de 367 personas privadas de libertad, recluidos por diversos delitos, cursan estudios universitarios en las carreras de Administración y Derecho.
De los 367 estudiantes, 270 son ‘cachimbos’ que obtuvieron su ingreso en el reciente proceso de admisión 2025. Los nuevos universitarios provienen de penales ubicados en distintas regiones: Arequipa (36), Ayacucho (20), Callao (13), Cañete (3), Miguel Castro Castro (6), Chiclayo (19), Chorrillos (4), Cusco (50), Huancayo (20), Huánuco (38), Huaral (19), Lurigancho (21) y Piura (20).
El grupo se suma a los 97 internos que continúan su formación en el tercer ciclo de sus respectivas carreras, en centros penitenciarios como Cañete, Chorrillos, Lurigancho y Castro Castro. Tal como detalló la agencia Andina, la iniciativa fue posible a partir de la implementación de la Ley N° 31840, que permitió a los internos acceder a programas de educación superior en modalidad virtual.
La ley fue promulgada en agosto del 2023 y habilita la articulación de convenios con universidades e institutos. En este caso, los estudios son ofrecidos por la Universidad Continental y su instituto técnico asociado, que mantienen conexión remota con aulas dentro de los penales.
Becas por mérito académico
Entre los reclusos que iniciaron su etapa universitaria en el 2024, nueve lograron acceder a becas por desempeño académico. Cuatro de ellas son becas integrales -tres otorgadas a internos del penal Miguel Castro Castro y una en Lurigancho-, mientras que otras cinco son medias becas, distribuidas entre internos de Castro Castro, Cañete y Lurigancho.
Estas becas se otorgaron a estudiantes que figuran entre los primeros puestos del ciclo académico. Aunque la mayoría de internos financian sus estudios por su propia cuenta o con ayuda de sus familiares, estas subvenciones ofrecen un respiro económico en medio de la rutina penitenciaria.
La posibilidad de recibir este tipo de incentivos ha motivado a los estudiantes a sostener un rendimiento alto, según fuentes vinculadas a la coordinación académica. La exigencia del plan de estudios es la misma que la de los alumnos en libertad, lo que exige un esfuerzo adicional en un entorno restrictivo.
Actualmente, los 367 internos universitarios forman parte de los 16,500 que acceden a distintos niveles educativos dentro de los 68 penales del país, que abarcan desde programas de alfabetización hasta formación técnica y universitaria.
Inicio del año académico
El nuevo ciclo académico se inauguró en el penal de Lurigancho, donde se realizó una ceremonia simbólica que fue transmitida a otras cárceles con aulas habilitadas para estudios superiores. En este evento, se repitió una antigua tradición universitaria: el corte de cabello a los cachimbos que ocuparon los tres primeros puestos en el examen de admisión nacional.
Dos de ellos fueron rapados en los penales de Arequipa y Cusco, mientras que el tercero pasó por el mismo ritual en Lurigancho, en presencia de sus compañeros, personal penitenciario y representantes de las instituciones educativas.
La jornada contó con la participación de autoridades del sistema penitenciario y del ámbito educativo, quienes destacaron la expansión del acceso a estudios superiores dentro del régimen de privación de libertad. La coordinación logística entre los penales y las casas de estudio permite clases virtuales, exámenes supervisados y tutorías adaptadas al contexto penitenciario.
Aunque la ceremonia estuvo cargada de simbolismos académicos, el foco de los organizadores se centró en la continuidad del proyecto y el seguimiento del rendimiento estudiantil. Las clases se desarrollarán de manera regular durante el semestre, en un entorno controlado por las respectivas direcciones de cada centro penitenciario.
El acceso a estudios superiores desde prisión todavía enfrenta varios retos. Limitaciones tecnológicas, restricciones de conectividad y la falta de infraestructura en algunas cárceles son parte del panorama. Además, no todos los penales del país cuentan con aulas habilitadas ni con el personal necesario para garantizar un seguimiento académico continuo.