La presidenta Dina Boluarte ha vuelto a ser cuestionada por sus decisiones para enfrentar la ola delincuencial. Desde su cuenta de X, la jefa de Estado confirmó la instalación de un ‘cuarto de guerra’, equipo de diversos miembros del Ejecutivo reunido para responder ante la criminalidad.
Las actividades del mencionado grupo serán “en el marco del estado de emergencia que rige en Lima y Callao” y “estará activo las 24 horas de los siete días de la semana”. Al primer llamado de la jefa de Estado asistieron los ministros de Defensa, Justicia y Economía así como los altos mandos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
Los mencionados tendrán la tarea de dar “cuenta de las capturas y operativos que se hacen a diario contra la criminalidad”. La publicación señala que los reportes diarios se harán a la mandataria, figura con la que se coordinará las “acciones en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional”.
El 17 de marzo de 2025, el gobierno de Perú declaró un estado de emergencia de 30 días en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, en respuesta a una creciente ola de violencia y criminalidad que afecta estas regiones.
Esta medida se implementó tras el asesinato del reconocido cantante de cumbia Paul Flores, vocalista de la banda Armonía 10, quien fue atacado por sicarios mientras viajaba en un autobús en Lima.
Durante el estado de emergencia, se han suspendido ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Esto permite a las autoridades realizar intervenciones y detenciones sin necesidad de una orden judicial previa.
Además, se ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la seguridad en las zonas afectadas.
La Defensoría del Pueblo ha expresado preocupación respecto a la efectividad de esta medida, señalando que en ocasiones anteriores los estados de emergencia no han logrado reducir significativamente los delitos en la capital y otras regiones del país.
No obstante, el gobierno considera que esta acción es necesaria para enfrentar la creciente criminalidad y restablecer el orden público
Controversial medida
La presidenta Dina Boluarte, anunció su intención de presentar un proyecto de ley para reinstaurar el servicio militar y policial obligatorio. Esta propuesta surge en un contexto de creciente criminalidad y busca, además, abordar el problema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 21% de los jóvenes peruanos de entre 15 y 29 años se encuentran en la categoría de “ninis”, situando al país en el quinto lugar a nivel mundial en esta problemática.
La propuesta del Ejecutivo busca incorporar a estos jóvenes al servicio militar y policial obligatorio, con el objetivo de fortalecer las fuerzas del orden y brindarles oportunidades de formación y empleo.
El servicio militar en el Perú fue obligatorio hasta 1999, cuando se promulgó la Ley N° 27178 que lo transformó en voluntario. La actual iniciativa plantea revertir esta decisión, permitiendo que los jóvenes que realicen el servicio militar obligatorio puedan integrarse posteriormente a la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, se contempla la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la PNP, como parte de un esfuerzo por reforzar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la propuesta ha generado debate en diversos sectores. Algunos expertos en seguridad y derechos humanos cuestionan la efectividad de esta medida para reducir la delincuencia y señalan posibles riesgos de militarización de la seguridad pública. Además, existe preocupación sobre la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente la incorporación masiva de jóvenes al servicio militar y policial, garantizando su formación y bienestar.