El expresidente Francisco Sagasti evalúa la posibilidad de acudir a la justicia supranacional en caso de que el Congreso de la República apruebe su inhabilitación por un período de 10 años para ejercer cargos públicos. Así lo afirmó su abogado, José Ugaz, quien señaló que el exmandatario está dispuesto a agotar todas las vías legales nacionales ante la ratificación en el Pleno del informe que recomienda esta medida, enmarcada en una presunta infracción constitucional y del delito de abuso de autoridad.
De acuerdo con el documento aprobado por la Comisión Permanente, el caso se centra en decisiones tomadas por Sagasti en noviembre de 2020, cuando ejercía como presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Policiales. En ese contexto, emitió resoluciones que dispusieron el pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), además de designar a un nuevo comandante general de la institución. Estas acciones han sido calificadas como “arbitrarias e ilegales”. No obstante, para su defensa, el exmandatario interino actuó en el marco de sus funciones.
En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Ugaz fundamentó su posición argumentando que el artículo 8 de esta normativa contempla un “régimen excepcional” que permite al presidente tomar decisiones de este tipo en circunstancias específicas. En este sentido, Ugaz defendió que las resoluciones emitidas por su cliente estaban plenamente justificadas y amparadas por el marco legal vigente.
El abogado también expresó su preocupación por lo que considera un “prejuicio establecido” en el proceso llevado a cabo por el Congreso. Según detalló, Sagasti está dispuesto a someterse a todos los procedimientos legales nacionales, pero no descarta acudir a instancias internacionales si se emite una decisión que, en su opinión, contradiga la Constitución y el Código Penal. “Si las instancias nacionales deciden finalmente sacar adelante una decisión ilegal, queda siempre la justicia supranacional”, afirmó.
El abogado subrayó que las resoluciones cuestionadas por el Congreso respondieron a la necesidad de reorganizar la cúpula policial para recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución. Sin embargo, los legisladores que respaldan la inhabilitación consideran que estas decisiones excedieron las atribuciones del entonces presidente y vulneraron los derechos de los oficiales afectados.
“Me van a inhabilitar por 10 años”
Durante su exposición en la Comisión Permanente, Sagasti protagonizó un altercado con la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, quien pidió que se apresurara, ya que solo le quedaban dos minutos para concluir su intervención. Visiblemente molesto, Sagasti exigió más tiempo para hablar. “¿Me permite el micrófono? Me van a inhabilitar por 10 años. Yo esperaría, por lo menos, que me den un minuto adicional por cada año de inhabilitación. Ya falta muy poco, señora presidenta”, respondió.
Luego, a la salida del Parlamento reiteró que su lucha contra la inhabilitación no se debe a una eventual candidatura con miras al próximo proceso electoral, que se llevará a cabo en el 2026. “Ya lo he expresado en más de una oportunidad delante de algunos de ustedes, que no voy a ser candidato, tengo 80 años y creo que hacer una campaña hasta los 82, y gobernar entre los 82 y los 87 cuando uno reconoce que a cierta edad la energía no es la misma...”, comentó.
“En situaciones extremadamente difíciles se requiere energía, conocimiento, capacidad de articulación, escuchar a todos, evitar los pleitos y líos entre los poderes del Estado, convocar al sector privado, convocar a la sociedad civil, convocar a la academia como ustedes son todos testigos que se hizo durante el proceso de vacunación. [...] Hay que reconocer que con los años la energía disminuye”, sentenció ante los medios de comunicación.