El Congreso de la República ha negado categóricamente la existencia de un proyecto para construir una sede en un terreno ubicado en la playa Santa María, tras la difusión de un informe periodístico que sugería la posible edificación en favor de los legisladores. Esta aclaración se realizó a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del Parlamento, en el que se asegura que no existe ningún plan ni expediente técnico relacionado con dicha obra.
El pronunciamiento del Congreso responde a la revelación del desembolso de 141 mil soles para un estudio técnico que evaluara la viabilidad del proyecto. En este contexto, el Parlamento explicó que, aunque posee un terreno en la zona, este fue cedido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y actualmente está siendo sometido a evaluaciones especializadas para determinar si el área está libre de vestigios arqueológicos.
“Ante la información periodística, sobre la presunta construcción del club o sede de playa del Congreso de la República, precisamos que la institución no tiene ningún proyecto, menos expediente técnico, para implementar una infraestructura con dicho fin, ni elaborado, ni en formulación. […] Se ha dispuesto que especialistas establezcan si el área se encuentra libre de vestigios arqueológicos. Por tanto, Cualquier decisión sobre el uso de dicho predio se tomará considerando los estudios y necesidades propias del Parlamento”, mencionaron.
No obstante, las especulaciones sobre la construcción de una sede recreativa en Santa María datan de finales de 2023, cuando se denunció un posible gasto significativo de S/. 17 millones 240 mil 685 soles para el proyecto. En ese momento, de acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, se comprometió —con su firma— a entregar el proyecto definitivo para el denominado “Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios” en un plazo máximo de 2 años, de no hacerlo, se perderá la cesión que regresaría al SBN.
Según la resolución 0958-2023 emitida por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), el terreno destinado para la construcción abarca 35.133,05 metros cuadrados (377.999 pies cuadrados). El proyecto contempla la edificación de dos auditorios con capacidad para 800 personas cada uno, seis salas de usos múltiples, tres ambientes destinados a biblioteca, seis baterías de baños, un área de recepción, tres restaurantes-cafetería, estacionamiento para 500 vehículos, 10 aulas con espacio para 230 alumnos y tres zonas de rotonda para reuniones al aire libre.
Consultado al respecto, el alcalde de Santa María del Mar, Alberto Montaverde, expresó entonces su preocupación por el impacto que esta construcción podría tener en el equilibrio urbano del distrito. Según Montaverde, el plan de desarrollo urbano de la zona tiene como objetivo mantener un balance entre el crecimiento inmobiliario y la preservación de las playas, que son uno de los principales atractivos del lugar.
“El aforo de las playas no es infinito. Ya con la cantidad poblacional que tenemos nosotros durante la temporada de verano, que hemos estado bordeando las ocho mil y nueve mil personas, sobre pasa el aforo de las playas que tenemos acá. [Construcción] Me parece que distorsionaría el tema de lo que es el desarrollo de nuestro distrito y rompería el equilibrio que siempre se ha mantenido en Santa María del Mar”, declaró Montaverde.
A esta situación se sumó otro cuestionamiento relacionado con la contratación de la hermana del entonces titular de la SBN, Wilder Sifuentes Quicalte, días después de ceder el terreno al Congreso de la República. Al ser consultado, el exfuncionario calificó la incorporación de su pariente como una “dura y pura coincidencia” y resaltó que, “con la absoluta transparencia, no tengo nada que ver en su contratación”.