La Policía Nacional del Perú (PNP) reprimió con gas pimienta a los familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023. Ellos se encontraban en una vigilia, en la plaza Paseo de los Héroes Navales para exigir justicia por los fallecidos en esas manifestaciones.
Como se sabe, en ese periodo, las personas que votaron por Pedro Castillo exigían la renuncia de Dina Boluarte al cargo de presidente, luego de que el exmandatario intentó dar un golpe de Estado. Durante las protestas, decenas de ellos fallecieron. Recientemente se reveló que la causa de los decesos fueron armas en posesión de policías.
Para pedir sanción contra los responsables de estas muertes, los deudos conversaron este jueves 2 de mayo con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 pidió información sobre las investigaciones fiscales en curso.
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Un día antes, el 1 de mayo, los familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte protestaron por la lentitud en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre los trágicos eventos en diversas regiones del país. Exigen transparencia y rendición de cuentas.
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero en Juliaca, expresó que los familiares están agotados por las barreras que, según ellos, habrían sido impuestas por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para el avance de las investigaciones. Añadió que han pasado ocho meses desde el inicio de la investigación preliminar sin avances significativos o conclusiones claras.
El Poder Ejecutivo se pronunció sobre este caso en marzo de 2024 a través del presidente de Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. El premier afirmó que el Gobierno está completamente comprometido con el diálogo con las agrupaciones de familiares de víctimas de protestas. Destacó que la presidenta Dina Boluarte expresó disculpas en nombre del Estado durante su discurso por el 28 de julio.
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“La voluntad de diálogo es absoluta. La señora presidenta ya expresó su profundo pesar por las lamentables muertes producidas, ha pedido perdón, y en ese ejercicio el Estado no va a cesar. Vamos a continuar: iniciamos una política de reparaciones con los deudos de las víctimas y también con quienes habían resultado gravemente heridos. Estamos en un proceso de atención a la afectación psicológica que le haya podido significar a las familias de los heridos o las víctimas”, respondió Adrianzén en entrevista con RPP Noticias.
Como se sabe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un informe en el que describe lo que hallaron tras entrevistar a familiares de personas que murieron durante las protestas contra Dina Boluarte.
Dicho documento concluye que el Estado peruano incurrió en graves violaciones de derechos humanos y, además, plantea una serie de recomendaciones.