En una reciente votación en la Comisión de Constitución, del Congreso de la República, los legisladores aprobaron una controvertida propuesta para que los delitos cometidos por militantes de una agrupación política sean asumidos de forma individual. Así, eximir a los partidos de sanciones judiciales tales como la suspensión de sus operaciones, la disolución y el cierre de sus instalaciones.
La medida fue respaldada por 14 votos a favor, con 2 en oposición y una abstención, tras un debate breve, y sin mayor discusión. La propuesta cuenta con el apoyo de las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Bicentenario, Perú Libre y Fuerza Popular.
Cabe resaltar que los líderes de esta dos últimas agrupaciones, Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, están actualmente bajo investigaciones por la Fiscalía. Por lo que de aprobarse este dictamen en el pleno del Congreso, se verían directamente favorecidos. El proyecto de ley, el cual es de autoría de Waldemar Cerrón, fue defendido el reciente martes 26 de marzo, en votación de la comisión presidida por Martha Moyano, de Fuerza Popular.
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La iniciativa legislativa en discusión busca introducir cambios en el Código Penal específicamente en su artículo 105, y en el artículo 5 de la Ley N° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en casos de cohecho activo transnacional. De manera sustancial, la reforma debate la responsabilidad penal de forma individual, desvinculando a los partidos políticos de las acciones delictivas de sus miembros.
La presidenta de la comisión de Constitución, Martha Moyano, subrayó que los delitos cometidos por militantes o dirigentes se considerarán responsabilidades personales, dejando a los partidos políticos fuera de culpa, siempre y cuando estos cumplan con las normativas electorales y los estatutos internos para la expulsión de los implicados.
Por su parte, Waldemar Cerrón remarcó la distinción entre la culpa individual y la colectiva de las organizaciones políticas, y Gladys Echaíz de Renovación Popular reconoció la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, aunque destacó el papel de los partidos políticos en la estabilidad y fomento del orden democrático en el país.
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La discusión incluyó también la solicitud de Alejandro Muñante, quien pidió un marco regulatorio para permitir al Jurado Nacional de Elecciones supervisar las actividades de los partidos políticos y, en caso de conductas antidemocráticas, proceder con la anulación de su inscripción. Mientras que los congresistas Edgar Reymundo y Víctor Cutipa se manifestaron en contra y se registró una abstención.
Sin embargo, la aprobación de la propuesta no ha estado exenta de críticas. Expertos legales como el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y los abogados Jefferson Moreno y Andy Carrión, en conversación con El Comercio, han expresado su preocupación, argumentando que la medida podría facilitar la impunidad dentro de las filas políticas, al establecer un tratamiento legal diferenciado y potencialmente permisivo frente a delitos como la corrupción o el lavado de activos cometidos dentro de estos grupos.
Este debate se encuentra en el centro de una discusión más amplia sobre la relación entre política y legalidad, y sobre cómo equilibrar la protección de las instituciones políticas con la necesidad de garantizar responsabilidades individuales y colectivas ante la ley.
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