Con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República decidió el jueves pasado aprobar la moción de orden del día presentada por la legisladora Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, para que se investigue de manera sumaria a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente haber incurrido en faltas graves.
“Los miembros de la JNJ habrían desnaturalizado, una vez más, la institucionalidad de dicho organismo [...] al ejercer una presión sobre los jueces de la Corte Suprema a quienes deben de nombrar, ratificar, fiscalizar o destituir, para que emitan un pronunciamiento en favor de una ex fiscal constitucionalmente inhabilitada bajo una prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso”, se lee en el oficio impulsado por Chirinos Venegas.
La exvicepresidenta del Parlamento hace referencia a que los tribunos de la JNJ habrían ejercido una presunta presión contra Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, por la exfiscal Zoraida Ávalos para evitar que sea inhabilitada por cinco años de la función pública en junio pasado.
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Además, agrega que el pleno permitió que Inés Tello sea integrante a pesar de que excedió el límite de edad (75 años) establecido por la ley y una presunta filtración de los hallazgos en el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al portal IDL Reporteros.
Ruta
A raíz de estos hechos es que se le encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que investigue a los magistrados Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán.
El grupo de trabajo es liderado por la congresista Janet Rivas (Perú Libre). Ella y los demás miembros tendrán un plazo de 14 días hábiles para certificar si el pleno de la JNJ cometió faltas graves. En este periodo no se ha establecido que citen a Tumialán, Vásquez, Ávila, Tello, De la Haza, Zavala y Thornberry para que presenten sus argumentos de defensa.
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Lo cierto es que en dos semanas tendrán que presentar un informe final que deberá ser votado inicialmente en la Comisión de Justicia y, si todo es positivo, se elevará al Pleno. Allí, la representación nacional podría respaldar de manera express la salida de los citados magistrados.
En paralelo a la destitución de los integrantes de la JNJ, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) también tiene en carpeta tres denuncias constitucionales contra ellos que fueron presentadas también por Patricia Chirinos y Jorge Montoya (Renovación Popular) para inhabilitarlos de la función pública.
Rechazo a la decisión
Debido a los ataques, la JNJ sacó un comunicado para rechazar la acción del Congreso que busca destituir a sus magistrados “a partir de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”.
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“Considera que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”, agrega.
El órgano que se encarga de designar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en todo el Perú enfatizó que “al país le constan las amenazas que desde diversos frentes se ciernen sobre la Junta Nacional de Justicia, sin más causa que el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales”.
Diversas instituciones han mostrado preocupación de la última acción del Congreso contra la JNJ. Uno de los pronunciamientos más significativos vino de las Naciones Unidas.
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“La JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país que incluye el nombramiento, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como a quienes lideran los organismos electorales en el país”, se lee en el comunicado difundido en sus redes sociales.