Susel Paredes, la congresista que insiste en que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, difunda sus tesis de magíster y doctorado obtenidas en la Universidad Alas Peruanas (UAP), dijo el último jueves que su despacho obtuvo una información el año pasado que deslizaba que los documentos académicos habían sido “plagiados” por completo.
En una entrevista con el periodista Pedro Salinas, la legisladora señaló que esa fue la razón por la que decidió solicitar, sin éxito, una copia a la institución. “En mi equipo dijimos: ‘¿por qué están diciendo eso?, vamos a verificar’. Otra cosa que nos hizo pensar es que [Benavides] estudió en la Universidad de Lima, hizo los estudios de maestría y doctorado en la San Martín y, con esos certificados, se va a la UAP a hacer una especie de curso de titulación”, señaló.
Sin embargo, el presidente del jurado, Willy Ramírez, el secretario del mismo, Gustavo Mejía, y el integrante Juan Carlos Adriazola dijeron no recordar aquella sustentación, aunque después reconsideraron la versión.
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La misma Universidad Alas Peruanas ha admitido que los dos documentos están desaparecidos, pues por esos años ninguna universidad estaba en la obligación de tener un repositorio.
En agosto pasado, la JNJ emitió un comunicado en el que afirmó, según Hildebrandt en sus trece, que el único grado tomado en cuenta al momento de seleccionarla como fiscal de la Nación fue el de doctora en Derecho. Es decir, si comprobara que la tesis no existiera o es una farsa, su destitución sería inmediata.
Aunque el organismo evitó pronunciarse porque la investigación aún está en curso, señaló al semanario que “la calificación de la calidad de tesis les corresponde a las propias universidades”.
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Durante la entrevista difundida en YouTube, Paredes recomendó a la fiscal ofrecer una “conferencia magistral” sobre sus investigaciones, pero no mantenerse en silencio. “Esa negación está matando a la comunidad jurídica que litiga ante ella, que es tal vez la mujer más poderosa del Perú”, anotó.
La última aparición de Benavides fue para anunciar la creación de un equipo fiscal que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo.