El presidente del Congreso, José Williams, dijo este miércoles que la petición de la defensa del expresidente Pedro Castillo para comparecer de manera presencial ante el Congreso “escapa de las manos” del Legislativo.
“Lo que pidió la última vez en el pleno fue venir presencialmente, pero eso ya escapa de las competencias que pueda tener el Legislativo. No es usual que un detenido, que esté en cárcel ahora y que ha sido un presidente, pueda venir”, dijo.
Hugo Chang, jefe del penal Barbadillo, se conectó virtualmente a la sesión para que emita sus descargos sobre la investigación preparatoria, donde se le incluyó en calidad de testigo, aunque informó que el interno no participaría en la audiencia. Eduardo Pachas, su abogado, tampoco se presentó.
“Se dejará constancia de la actitud de Pedro Castillo, que valorará la comisión”, advirtió Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien preside la Comisión. El legislador ya ha señalado que la condición del expresidente podría variar de testigo a investigado en los próximos días, y advirtió que, de no declarar, sería denunciado por desacato.
“No me voy a referir a la comisión a la que lo citó, sino a la Subcomisión de Acusación Constitucionales, a la Comisión Permanente y al pleno. Se le citó en las tres instancias, y cuando se trató de la Comisión Permanente en dos oportunidades, él no se presentó”, precisó Williams.
El nuevo pedido fiscal de encarcelamiento preventivo por 36 meses se ha hecho por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno, la cual se dedicó a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Denuncia por organización criminal
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba por su condición de ex jefe de Estado.
También por el delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.