Panamá busca ampliar su cooperación internacional en áreas que van desde el uso de tecnología satelital hasta la persecución de delitos transnacionales, mediante cuatro proyectos de ley presentados ante la Asamblea Nacional.
Las iniciativas incluyen el ingreso a una agencia espacial regional, protección del patrimonio cultural y dos nuevos instrumentos de cooperación judicial con Argentina.
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Las propuestas fueron entregadas al pleno por el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, y ahora deberán avanzar por el proceso legislativo. Una de las iniciativas permitiría que Panamá se incorpore a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), creada mediante un convenio suscrito en Ciudad de México el 18 de septiembre de 2021.
Aunque hablar de una agencia espacial puede hacer pensar en cohetes o misiones tripuladas, el objetivo para Panamá es mucho más cercano a necesidades cotidianas. La cooperación contempla mejorar las comunicaciones satelitales y utilizar información obtenida desde el espacio para observar cultivos, vigilar fenómenos naturales y fortalecer sistemas de alerta temprana ante eventos relacionados con el cambio climático.
El país también podría participar en proyectos conjuntos para desarrollar tecnología satelital y compartir infraestructura, conocimientos y capacidades científicas con otros Estados de América Latina y el Caribe.
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La iniciativa busca que países que individualmente tendrían dificultades para desarrollar estas herramientas puedan coordinar recursos y reducir su dependencia tecnológica en un sector cada vez más importante.
Las aplicaciones también alcanzan la gestión ambiental. Las imágenes y datos obtenidos mediante sistemas de observación terrestre permiten seguir cambios en bosques, costas, cultivos y fuentes de agua, además de evaluar daños después de inundaciones u otros desastres.
Para Panamá, la incorporación significaría tener acceso a una plataforma regional de cooperación, no la creación inmediata de una agencia espacial propia.
Otro de los proyectos tiene un objetivo completamente diferente: incorporar al país al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).
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El organismo intergubernamental trabaja desde hace décadas en la conservación de edificios históricos, colecciones, sitios arqueológicos y otros bienes culturales, combinando investigación, capacitación y asistencia técnica.
La adhesión abriría la posibilidad de que profesionales e instituciones panameñas accedan a programas especializados, redes internacionales de expertos y asesoramiento técnico.
También permitiría fortalecer la preparación frente a amenazas que pueden deteriorar el patrimonio, entre ellas desastres naturales, efectos del cambio climático y urbanización no planificada, además del deterioro asociado al paso del tiempo.
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Los dos proyectos restantes tienen a Argentina como contraparte y buscan hacer más rápida y efectiva la cooperación entre las autoridades judiciales de ambos países.
Panamá y Argentina firmaron el 22 de junio de 2026 un Tratado de Extradición y otro de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, que requieren completar los procedimientos internos de aprobación antes de entrar en vigor.
El primero establece las condiciones bajo las cuales una persona requerida por la justicia podrá ser entregada de un país al otro para enfrentar un proceso penal, ser juzgada o cumplir una condena.
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El instrumento incluye límites: la extradición no procederá por delitos políticos ni cuando exista riesgo de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El segundo acuerdo permitirá una cooperación más amplia durante las investigaciones. Panamá y Argentina podrán brindarse asistencia en casos relacionados con delitos tributarios, aduaneros, financieros y ciberdelitos, además de otras conductas contempladas por el tratado.
El propósito es facilitar actuaciones judiciales cuando las pruebas o elementos necesarios para una investigación estén en el otro país.
Este tipo de cooperación adquiere especial importancia cuando una investigación atraviesa fronteras y las autoridades necesitan documentación, evidencias u otras diligencias realizadas en otra jurisdicción.
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Los instrumentos buscan reducir obstáculos para que fiscales y autoridades competentes puedan avanzar en investigaciones vinculadas con criminalidad transnacional, respetando las garantías establecidas por las legislaciones de ambos Estados.
Los cuatro proyectos muestran así ámbitos muy distintos de la política exterior panameña. Mientras uno abre la puerta a tecnologías espaciales aplicadas a problemas ambientales y productivos, otro fortalece las capacidades para conservar el patrimonio.
Los acuerdos con Argentina, por su parte, apuntan a cerrar espacios a delitos que operan entre diferentes jurisdicciones y requieren respuestas coordinadas.
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