La propuesta de modificación a la Ley General de Adopciones en Panamá avanza en la Asamblea Nacional con el objetivo, según sus proponentes, de reducir los tiempos que los menores pasan bajo tutela estatal.
El proyecto de ley 570, tras ser aprobado en primer debate, introduce medidas para que los niños en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder más rápido a una familia adoptiva.
Según las explicaciones de los diputados Manuel Cheng y Janine Prado, la reforma mantiene estrictos controles para los aspirantes a adoptar, exigiendo solvencia económica, evaluaciones psicológicas y moral reconocida.
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El enfoque se centra en que cada menor pueda integrarse a un ambiente estable, sin sacrificar la rigurosidad de los filtros legales.
La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, Paulette Thomas, detalló que la iniciativa también atiende los casos de los niños expósitos, aquellos cuyos padres son desconocidos.
La reforma busca acelerar los trámites para estos menores y para quienes, siendo menores de siete años, permanecen por largos periodos en situaciones de indefinición legal.
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La directora nacional de adopciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lisbeth Renis, remarcó que la propuesta pone énfasis en el proceso de inscripción de los niños declarados expósitos, cuya gestión suele ser lenta.
El objetivo es que esta población infantil no quede rezagada y cuente con un procedimiento más ágil.
En cuanto a los procedimientos internacionales, la directora del Registro Civil, Sharon Sinclair, explicó que el proyecto restituye a la Corte Suprema de Justicia la potestad de revisar las sentencias extranjeras de adopción.
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Este control había sido removido por el Código Internacional Privado, permitiendo que el Registro Civil recibiera directamente dichas sentencias desde 2015.
El proceso legislativo del proyecto de ley 570 continuará en las próximas sesiones. La reforma apunta a que la adopción se convierta en un proceso menos demorado, asegurando al mismo tiempo que los controles y requisitos sigan protegiendo el interés superior del niño.
De prosperar la iniciativa, los menores en Panamá podrían acceder más rápido a una familia adoptiva, siempre bajo los controles legales y de protección establecidos por la normativa nacional.
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La adopción de menores en Panamá se encuentra en la intersección entre la protección de la niñez, la organización del sistema de bienestar social y el funcionamiento de la justicia de familia, configurándose como un mecanismo esencial para restituir el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su entorno de origen.
La normativa panameña ha evolucionado desde la Ley 61 de 2008, primera Ley General de Adopciones, hasta la Ley 46 de 17 de julio de 2013, que hoy rige las adopciones nacionales e internacionales, en diálogo con el Código de la Familia, el Convenio de La Haya y, más recientemente, la Ley 285 de 2022 sobre el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Este entramado jurídico se articula en torno a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que actúa como autoridad central en materia de adopciones y coordina los procesos administrativos previos a la intervención judicial.
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Sin embargo, la realidad muestra un contraste significativo entre la intención protectora del sistema y su funcionamiento práctico: muchos niños, niñas y adolescentes viven en albergues, pero solo una fracción ha sido declarada adoptable, mientras el número de familias declaradas idóneas es reducido frente a las necesidades existentes.
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