El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional sin ser sancionado el proyecto de ley 145, luego de señalar que encontró razones para objetarlo en su conjunto, alegando que presenta vicios de inconstitucionalidad al incidir en competencias propias del Órgano Ejecutivo, generar obligaciones administrativas y posibles erogaciones sin establecer fuente de financiamiento ni incorporar previsiones presupuestarias.
El proyecto de ley instituía la “Política de Estado de Carrera Vocacional para el empleo de jóvenes adultos”, alineando un mercado laboral con sus habilidades y gustos personales, rompiendo lo tradicional, y había sido aprobado por la Asamblea Nacional de manera unánime en febrero de 2026.
En nota fechada este 24 de marzo y remitida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, Mulino señala que resulta inconveniente por la falta de claridad en la definición de la población objetivo, además por posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación.
Asimismo, el proyecto de ley 145 omite el rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al no establecer una coordinación obligatoria, lo cual debilita la coherencia institucional, señala la nota.
La redacción instituye que, luego del análisis del proyecto, también se establece la implementación de programas, certificaciones, desarrollo de plataformas tecnológicas y mecanismos de fiscalización, lo cual implicaría erogaciones presupuestarias sin que se establezca una fuente de financiamiento.
En materia educativa, señala la existencia de una normativa preexistente, función que recae en el Ministerio de Educación. En consecuencia, la intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral podría ocasionar superposición normativa y conflictos de competencias.
A su vez, el proyecto no aclara si las certificaciones otorgadas por la institución corresponden a capacitación laboral o equivalen a títulos académicos, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional actualmente regida por las universidades y el sistema educativo nacional.
Por su parte, la norma precisa que este grupo profesional estará orientado a obtener una plaza de trabajo ante la saturación de las carreras tradicionales.
Según el documento, el programa institucional estará enfocado en diversificar la oferta de candidatos a las posiciones de trabajo de alta demanda en el mercado laboral.
Les proporciona herramientas que potencien los conocimientos, habilidades e información de calidad para el escogimiento de carreras idóneas a sus capacidades y satisfacción personal, todo dirigido a promover la cultura del emprendimiento entre los jóvenes.
Contempla que correspondería al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la dirección, además del desarrollo e implementación de esta política. Su implementación se hará atendiendo las características y situaciones propias del mercado de empleo de cada provincia y grupo etario.
La “Política Nacional de Orientación Vocacional y Ocupacional” estará dirigida a ampliar las capacidades de los jóvenes para valorar, adecuadamente, las oportunidades y retos que deberán afrontar en su progreso laboral.
Al igual, ofrece información actualizada y de calidad en lo que concierne a las tendencias y demandas de mano de obra, presente y futuro, así como educar sobre las habilidades adicionales que deberán adquirir para mejorar sus oportunidades de obtener un buen trabajo.
“Esta es una iniciativa estratégica para el presente y el futuro de este país. Estamos sentando las bases para el desarrollo del talento humano ante la desconexión de lo que se estudia y lo que el mercado laboral necesita”, manifestó en su momento el diputado del partido oficialista Realizando Metas, Ariel Vallarino, proponente de la “Política Nacional de Orientación Vocacional y Ocupacional”.