Tras los electrizantes 39 días en los que el Mundial hegemonizó la agenda política y mediática, y monopolizó las conversaciones cotidianas de los argentinos, el oficialismo busca imperiosamente recuperar la iniciativa y ganar centralidad de cara un proceso electoral cuyos contornos ya se recortan en un horizonte donde aún priman la incertidumbre y la volatilidad.
De cara al proyecto reeleccionista de Milei, el gobierno ya trabaja simultáneamente en dos frentes principales, el político y el económico, y deja entrever algunos aspectos de su estrategia electoral.
En lo político, con la mira puesta casi exclusivamente en la necesaria ingeniería y la aritmética electoral para fortalecer las chances de reelección, el oficialismo no oculta su obsesión por derogar o suspender las PASO, un proyecto para el cual aún no tiene los votos suficientes en el Congreso de la Nación. Con el objetivo tanto de debilitar la oferta electoral del peronismo y de dificultar la emergencia de un gran frente opositor, como de evitar el potencial desgaste adicional del gobierno entre las elecciones primarias y las generales (como le ocurriera en 2019 a Mauricio Macri), los armadores libertarios ya trabajan con una decena de gobernadores aliados en la búsqueda de acuerdos para modificar las reglas electorales para 2027.
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El supuesto ofrecimiento de habilitar colectoras o la voluntad de resignar candidaturas competitivas en determinadas provincias a cambio de suspender o derogar las PASO no terminaría aun de convencer a los mandatarios provinciales que tienen la llave de la eventual votación en el Senado de la Nación, y que, a sabiendas de las necesidades y las urgencias del oficialismo en el plano electoral, buscan llevar las negociaciones a una agenda más amplia que incluya la discusión de fondos y obras.
Es que con un rechazo a la gestión libertaria que, desde hace ya varios meses, oscila -según la mayoría de las encuestas- en torno a los 60 puntos porcentuales, y amenaza potencialmente en convertirse en un techo electoral de 40% para las aspiraciones electorales libertarias, el oficialismo necesita imperiosamente evitar cualquier mecanismo o herramienta que potencialmente coadyuve a galvanizar a la hoy muy fragmentada oposición, y lo exponga a un complejo ballotage que podría sellar la suerte de Milei de forma análoga a la que experimentaron Macri y el PRO.
El segundo eje en el cual el oficialismo mueve sus fichas de cara a la reelección es, previsiblemente, el de la economía. Especialmente, en el de la macroeconomía, donde el oficialismo festeja que la inflación haya nuevamente perforado el piso del 2%, y destaca la performance de otros indicadores como el riesgo país, las cuentas públicas o la estabilidad cambiaria.
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Todos ellos pilares de una macro que el gobierno nacional vigila con extremo recelo, como quedó en evidencia ante la rápida desmentida del prematuro “desliz” del nuevo vocero presidencial, pese a la generalizada percepción de que con esto solo difícilmente le alcance al oficialismo para superar el desafío electoral.
Es que el Presidente tiene ante sí una realidad que, o bien no quiere ver, o, ensimismado en su visión abstracta de la economía, no tiene la capacidad para ver. Hablamos no solo de los abrumadores datos que dan cuenta de una reactivación económica lenta y marcadamente desigual que no llega a la mayoría de los sectores sino también -en algo que es central en términos electorales- de una fuerte erosión de las expectativas de mejora en los grandes centros urbanos, donde crece el malestar y la desazón en torno a la percepción de inmovilismo o inercia de una economía que no ofrece soluciones ni perspectivas para la vida cotidiana.
Lo cierto es que conforme la política va entrando inexorablemente en un clima electoral resulta casi inevitable que aumenten las demandas sobre la economía, tanto las de los propios electores como las de otros actores clave como los gobernadores dialoguistas o aliados y los socios legislativos.
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Una presión que el oficialismo buscará evitar apelando a una suerte de campaña permanente hegemonizada por un revitalizado reformismo legislativo (Super RIGI, inocencia fiscal, reforma del Banco Central, ley de tierras, etc.), una comunicación menos confrontativa, y una pretendida imagen de consenso con sectores dialoguistas y aliados, entre otros recursos y movimientos estratégicos.
Sin embargo, evitar que las expectativas electorales se concentren sobre la economía no solo requiere de un protagonismo político y una centralidad que el Presidente difícilmente pueda a esta altura de su mandato ostentar, sino que implicaría desconocer que los números que la pretendida bonanza que festeja el gobierno no solo no llega al bolsillo sino que el persistente deterioro de los salarios, la caída del consumo y los problemas de empleo comienzan a horadar las expectativas de los electores que definirán el futuro del experimento libertario.