La amenaza de Irán contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Embajador Rafael Grossi, es grave e inadmisible. Las declaraciones intimidatorias dirigidas de manera explícita por Ali Larijani, uno de los principales asesores del Líder Supremo Jamenei, se produjeron después de que el OIEA emitiera un informe independiente sobre el estado del programa nuclear iraní y el repetido rechazo de Teherán al acceso de los inspectores internacionales a instalaciones en las que se produce combustible nuclear. Una hostilidad, que pese a los esfuerzos diplomáticos del Director General del OIEA, no ha mostrado disposición para abandonar un programa de clara orientación militar.
El grave intento iraní de amedrentar al OIEA y de afectar la credibilidad del organismo en la verificación nuclear global, deja en evidencia las características agresivas del régimen iraní. En contraste, muestra el grado de liderazgo responsable del Embajador Grossi que ha logrado la reelección al frente del OIEA por aclamación además de haber demostrado una presencia técnica imparcial ante las complejidades que revisten las instalaciones nucleares en la guerra en Ucrania, valorada tanto por Kiev como por Moscú. También por actitudes incisivas en otras áreas geográficas críticas.
Frente a las amenazas de Irán, el carácter de máxima autoridad técnica de Naciones Unidas en materia nuclear le otorga la protección del paraguas de convenciones y tratados internacionales que regulan la seguridad del personal de la ONU y organismos especializados. Sin embargo, la nacionalidad argentina podría ser un factor de preocupación adicional debido a los antecedentes terroristas iraníes y el grado de tensión entre la Argentina e Irán en virtud de los ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. También por la prioridad que revisten las relaciones diplomáticas de Buenos Aires con Washington y Jerusalén.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha subrayado que todos los miembros de la ONU deben contribuir a que los funcionarios del organismo hagan sus tareas sin obstáculos y garantizar la seguridad del personal de la ONU conforme a lo estipulado por la Convención de 1946 sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. También por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado de 1994 y el Protocolo Facultativo del 2005 que establece, por ejemplo, que los Estados deben tomar medidas para proteger al personal de la ONU de ataques y amenazas.
Si bien las intimidaciones y campañas de desprestigio contra funcionarios de la ONU es una preocupación creciente, no deberían en ningún caso ser toleradas. Es de esperar que la comunidad internacional adopte actitudes firmes de rechazo a comportamientos que socavan los esfuerzos imparciales de Naciones Unidas en la promoción de la cooperación y la paz, en particular del OIEA que es el organismo clave para frenar la proliferación de armas nucleares y advertir sobre los riesgos clandestinos a las seguridades internacionales.