Para anticipar lo que se viene se debiera difundir que las libertades se nutren reconociendo que los humanos somos seres imperfectos y diferentes. Características que abren a descubrir los beneficios gigantescos de convivir en paz, intercambiando contribuciones recíprocas y compitiendo en la coordinación de actividades.
Una población conflictuada, por frustraciones continuadas, encuentra problemático asociarse, comerciar ampliamente, libre de barreras innecesarias.
Se requiere un cambio de paradigma: pasar de la convicción que “las barreras protegen” a “las barreras empobrecen”. Por eso, el cambio de gobierno refleja una variación ideológica copernicana, genera esperanzas y también preocupaciones. Sin embargo, se permanecerá un largo tiempo hasta que los cambios se concreten favorablemente, atento a las frustraciones repetidas.
Ciertamente, el aprendizaje es clave para poder salir de la inercia de creer que las cosas se arreglan solas con el deseo a comprender que las dificultades se resuelven con voluntad e interlocutores con conocimientos científicos para superar las imposiciones de algunos líderes.
El círculo vicioso de la frustración empuja a desconfiar, aislarse y a recurrir a violencias. El fin no debiera ser llegar a un destino, “la Argentina que queremos”, sino un modo de vivir compitiendo para satisfacer necesidades recíprocas.
Los gobiernos deberían crear una amistad cívica, con necesidades básicas sostenidas atendiendo los matices individuales.
Todavía persisten muchos obstáculos y dudas. Pero es esencial que las promesas sean claras y se cumpla. La libertad se integra con límites razonables de lo que es posible, reconociendo también que hay “otros” y una manera de concebir la vida en comunidad, para beneficio de todos.
Cuánto más se demore el cambio de paradigma mayor será el aumento de la pobreza que se busca revertir.
Decálogo para revertir la decadencia
Las propuestas siguientes son una síntesis de 10 sobre 32 del libro “Por un País más Justo y Floreciente”, publicado en 2020:
1. Achicar el Estado: La gente empleada y los medios utilizados, junto a contratistas, absorben mucho más que los beneficios que generan, y determinan un desperdicio que se puede estimar entre 15% y 20% del PBI que se paga con impuestos que inhiben el desarrollo del sector privado. Habría que podar los gastos estatales del actual 45% del PBI a 30% del PBI y fijar fechas para comprometer la secuencia de reducciones de gastos e impuestos;
2. Modificar la ley de Coparticipación Federal de Impuestos para que los desembolsos sean proporcionales a la población y necesidades socioeconómicas de cada provincia, de modo que no existan privilegios. Una opción es acordar los impuestos que cobre la Nación y que las provincias recauden los propios, como en EEUU, donde los Estados tienen vedado emitir bonos. Si el Congreso Nacional demorara el trámite, cabría recurrir a la Corte Suprema de Justicia;
3. Revisar el ordenamiento político para acercar los mensajes entre los votantes y sus representantes, haciendo más transparentes e informadas las decisiones. Actualmente la organización de la nación se parece más a la anterior a 1853 que la prevista en la Constitución, con caudillos de diferente poder;
4. Terminar con las “protecciones” con impuestos desiguales, porque perjudican al conjunto social. Las restricciones al comercio internacional frenan las ocupaciones mejor remuneradas. Se necesita reducir los impuestos al comercio todo lo posible;
5. La prestación de Justicia debiera normalizarse y dar certeza. Hay sentencias que desorientan, demoran tiempos y exigen costos enormes. A pesar de ser la gobernanza que vigila con amplitud las actividades individuales se desarrollen de acuerdo con las leyes y expectativas, su acción se ve trabada por la exuberancia legal y normativa, que la hace ineficiente;
6. Suprimir las exenciones impositivas, privilegios jubilatorios y otros, como rigen para jueces y personal de la justicia; legisladores y parcialmente en el Poder Ejecutivo y entes públicos;
7. Extender la edad jubilatoria para quienes no completaron los aportes previsionales, en lugar de disponer moratorias que han llevado a agravar el desfinanciamiento del sistema;
8. Derogar leyes que imponen pagos, condiciones rígidas y trabas normativas a favor de sindicatos y sus obras sociales. Tales normas incumplen el principio de “no existe imposición sin el voto del obligado”. Las entidades gremiales perciben ingresos superiores al 8% del sueldo del empleado, por el poder de movilización que han adquirido los líderes sindicales, que ha llevado a debilitar a las autoridades constitucionales. Un 40% de los empleados están sindicalizados, frente a 16% en Brasil, 14% en Chile, 9% en México y 6% en Colombia;
9. Los contratos laborales debieran ser libres entre empleador y empleado, libre afiliación a sindicatos y obras sociales, sostenidos con aportes a las entidades elegidas por los afiliados y empleadores. La Argentina clama por mayor competencia, para inducir ganancias de eficacia y satisfacción; y
10. Reestructurar todo el sistema de asistencia social por parte del Estado, y generar incentivos para la búsqueda de ocupaciones productivas.
El autor es director de BG Consulting