Ocho personas viajaron el 31 de mayo pasado desde las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua hasta Managua para recoger el cadáver de Brooklyn Rivera, el histórico dirigente miskito que había muerto la noche anterior después de permanecer casi tres años como preso político del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esperaban llevarlo de regreso a su tierra, velarlo conforme a las costumbres de su pueblo y enterrarlo junto a su madre, como había sido su última voluntad. Sin embargo, el viaje terminó de una manera que ninguno había previsto: el Gobierno se negó a entregarles el cuerpo, organizó su propio funeral y mandó a detener a quienes habían llegado a reclamarlo.
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Desde aquella noche, los ocho permanecen desaparecidos. Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, quien permanece exiliada por razones de seguridad, confirmó a Infobae que 140 días después, aún no sabe qué ha sido de sus familiares presos y el régimen tampoco ha presentado públicamente una acusación judicial contra ellos.
Preso político
El 29 de septiembre de 2023, Brooklyn Rivera fue capturado por la Policía en Bilwi, en el Caribe Norte nicaragüense. Durante 971 días, las autoridades ocultaron su paradero y su estado de salud. El 27 de mayo de 2026, el Gobierno difundió fotografías del dirigente postrado en una cama de hospital, visiblemente deteriorado. Cuatro días después se anunció su muerte.
Una llamada telefónica recibida la noche del 30 de mayo anunció a familiares que Rivera había fallecido en un hospital de Managua bajo custodia estatal. La comunicación explicaba que el Gobierno permitiría a la familia recuperar sus restos, una noticia que movilizó inmediatamente a varios de sus parientes y personas cercanas desde la Costa Caribe.
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“La noche del 30 alguien llamó a mi tía para decirle que mi padre había fallecido y que el Gobierno iba a entregar el cuerpo. Por esa razón ella viajó junto con mi primo, mi sobrino y los demás familiares hacia Managua”, relató Tininiska Rivera.
El grupo estaba integrado por familiares del dirigente, personas que habían trabajado durante años a su lado y representantes de las comunidades indígenas. Todos compartían el propósito de trasladar el cadáver hasta Lidaukra, la comunidad miskita donde Rivera había nacido y donde esperaba recibir sepultura.
Pero cuando llegaron a Managua, las autoridades cambiaron los planes. “Cuando llegaron les mostraron el cadáver de mi papá en el hospital, pero al momento de solicitar la entrega les dijeron que no se lo iban a dar”, explicó Tininiska.
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Los funcionarios comunicaron que el Gobierno había decidido organizar una ceremonia religiosa en la Iglesia Morava y posteriormente sepultarlo en Managua. La decisión dejaba fuera a la familia y desconocía los preparativos que pretendían realizar en la comunidad indígena, donde las despedidas de los muertos tienen un significado religioso, familiar y comunitario.
La negativa provocó una discusión. Los familiares insistieron en que Brooklyn Rivera había expresado su voluntad de ser enterrado en Lidaukra y que no aceptarían participar en un funeral organizado sin su consentimiento.
“Mis familiares respondieron que esa no era la voluntad de mi padre. Les dijeron que, si no iban a entregarles el cuerpo, regresarían a Puerto Cabezas y que no participarían ni en la misa ni en el entierro”, relató su hija.
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Entre los funcionarios que defendían la decisión gubernamental se encontraban, según Tininiska, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, dos figuras del oficialismo vinculadas durante años con la política del Caribe nicaragüense.
La discusión se produjo en la vivienda de Nancy Henríquez, dirigente indígena de Yatama y antigua compañera política de Rivera. Cuando el grupo se disponía a retirarse, según la reconstrucción de la familia, fue llamada la Policía.
Desde entonces, ninguno de los ocho ha regresado a su casa ni ha podido comunicarse con sus familiares. Tampoco se conoce una resolución judicial que explique las detenciones.
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Ocho desaparecidos
La familia de Brooklyn Rivera ha identificado a seis de los detenidos, mientras que otras dos personas aparecen en reportes posteriores sobre el caso. Entre ellos hay parientes del dirigente, trabajadores de su casa y representantes comunitarios que habían viajado para acompañar las gestiones funerarias.
Los seis identificados por sus familiares son Alda López Bryan, pariente cercana de Rivera; Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López, sobrinos; Glenis Panting Coleman, sobrina política; Florencia Sarmiento, quien durante años estuvo encargada de la cocina y el cuidado de su vivienda en Bilwi; y Jorge Webster Rojas, dirigente comunitario de Sandy Bay Lidaukra y amigo personal de la familia.
Los nombres de Juan Modesto Wilson Kinsman y Noela Solórzano Denis también aparecen en reportes sobre los ocho desaparecidos.
“En total son ocho personas detenidas. De esas ocho, solo cuatro son familiares míos. Los otros no son familiares directos y no tengo autorización para hablar de ellos”, explicó Tininiska.
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Después de las capturas, familiares de los desaparecidos acudieron a diferentes dependencias policiales de Managua, al complejo de Auxilio Judicial conocido como El Chipote y al Sistema Penitenciario La Modelo. En ninguno de esos lugares consiguieron que las autoridades reconocieran oficialmente la detención o proporcionaran información sobre el destino de sus parientes.
“Algunos familiares de los primeros seis detenidos han viajado a Managua para buscarlos. Han recorrido distintos distritos policiales, El Chipote y La Modelo, pero en ningún lugar les han dado información. Nadie les dice dónde están ni qué pasó con ellos”, aseguró Tininiska Rivera.
La persecución denunciada por la familia también alcanzó a Waylandin Rivera, uno de los hijos del dirigente fallecido. Según fuentes cercanas a sus parientes, recibió advertencias de que podía ser detenido si permanecía en Managua y tuvo que ocultarse. Desde entonces, su ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad.
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Líder indígena histórico
Brooklyn Rivera Bryan nació el 24 de septiembre de 1952 en Lidaukra, una comunidad miskita del Caribe Norte de Nicaragua. Durante más de cuatro décadas fue uno de los principales representantes políticos del movimiento indígena y una figura central en las disputas por la autonomía territorial de la Costa Caribe.
Su trayectoria política estuvo marcada por una relación cambiante con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó parte de la resistencia indígena armada contra el primer Gobierno de Daniel Ortega, en un conflicto que enfrentó a las comunidades miskitas con las políticas de la revolución sandinista. Posteriormente participó en las negociaciones de paz y en la construcción de espacios de representación política para los pueblos indígenas.
Rivera presidió Yatama, organización cuyo nombre procede de la expresión miskita Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Organización de los Hijos de la Madre Tierra), y desde 2007 ocupó un escaño en la Asamblea Nacional.
Durante años mantuvo acuerdos políticos con el Frente Sandinista, pero las relaciones se deterioraron en medio de las denuncias por invasiones de colonos a territorios indígenas, ataques contra comunidades y restricciones a la autonomía regional.
En abril de 2023, Rivera participó en actividades de Naciones Unidas en Nueva York, donde denunció la situación de los pueblos indígenas nicaragüenses. Cuando intentó regresar al país, las autoridades le impidieron ingresar por los puestos fronterizos oficiales. Finalmente consiguió entrar por rutas utilizadas por las comunidades miskitas entre Honduras y Nicaragua.
“Estoy aquí, de nuevo, asumiendo algunos niveles de riesgo por amor a mi tierra, a mis comunidades, a mi pueblo, a mi gente”, dijo entonces en un video grabado desde la Mosquitia.
El 29 de septiembre de 2023 fue detenido durante un operativo policial en Bilwi. Un vecino logró tomar una fotografía que lo mostraba esposado dentro de una ambulancia al momento de su captura.
Desaparecido
La detención coincidió con una ofensiva contra Yatama, cuya personalidad jurídica fue cancelada, y contra otros dirigentes indígenas. Rivera quedó apartado de la Asamblea Nacional y permaneció incomunicado, sin que su familia pudiera conocer regularmente su situación.
En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares ante el riesgo que enfrentaban su vida e integridad personal. Posteriormente, la Corte Interamericana dispuso medidas provisionales, mientras organizaciones internacionales reclamaban al Estado una prueba de vida.
Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia y denunció reiteradamente las condiciones en que permanecía detenido. Todavía el 13 de marzo de 2026, la organización exigía información sobre su estado de salud y reclamaba acceso de familiares y abogados.
El 27 de mayo, después de 971 días sin que se conociera públicamente su ubicación, el régimen difundió imágenes de Rivera en el Hospital Fernando Vélez Paiz de Managua. Aparecía postrado en una cama, con asistencia respiratoria y un evidente deterioro físico. El dirigente tenía 73 años y su condición era crítica.
Cuatro días después, el Gobierno anunció su muerte. Según la versión oficial, el fallecimiento estuvo relacionado con complicaciones de salud e infecciones, pero las circunstancias en que se deterioró mientras permanecía bajo custodia estatal no han sido esclarecidas mediante una investigación independiente.
El Gobierno de Ortega y Murillo asumió el control del cadáver y de las ceremonias funerarias de Brooklyn Rivera. La familia no consiguió trasladarlo a Lidaukra, y el dirigente fue sepultado en Managua durante una ceremonia organizada por las autoridades y con participación de figuras del oficialismo.
Rosario Murillo anunció públicamente el fallecimiento y aseguró que Rivera había recibido atención médica “con esmero médico y científico”. Su intervención presentó al Gobierno como acompañante del dirigente durante sus últimos días, sin explicar por qué había permanecido tanto tiempo incomunicado ni por qué su familia no había podido conocer oportunamente su estado de salud.
La ceremonia se realizó sin que los familiares que habían viajado desde el Caribe pudieran decidir sobre el destino del cuerpo. Tampoco se efectuó el traslado a su comunidad para celebrar las despedidas familiares y religiosas conforme a las tradiciones miskitas que sus parientes deseaban respetar.
El entierro en Managua también incumplió una petición personal que Rivera había hecho muchos años antes a su hija.
Tininiska Rivera tenía quince años cuando su padre la llevó al cementerio de Lidaukra, la comunidad donde había nacido. Allí le mostró la tumba de su madre, Pulcida, y le pidió que, cuando llegara el momento de su muerte, lo enterrara a su lado.
Denuncias internacionales
El 1 de junio, Amnistía Internacional exigió que las autoridades garantizaran la entrega digna de los restos, respetaran los deseos del fallecido y las tradiciones de su pueblo. También advirtió que cualquier represalia contra sus familiares agravaría la responsabilidad estatal.
El cuerpo de Brooklyn Rivera permanece sepultado en Managua.
Las detenciones y desapariciones de los familiares de Brooklyn Rivera provocaron denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, que han exigido al régimen nicaragüense esclarecer tanto las circunstancias de la muerte del dirigente como el destino de las personas capturadas durante las gestiones para recuperar su cadáver.
El 3 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron la desaparición de familiares y allegados del dirigente. Ambas organizaciones expresaron su preocupación por las circunstancias de su muerte y reclamaron una investigación independiente, una autopsia transparente y la devolución de los restos a la familia.
“Estamos muy preocupados por la situación de los siete familiares y allegados de Brooklyn Rivera Bryan. Exigimos al régimen nicaragüense que revele inmediatamente su paradero, garantice su integridad y su salud, y proceda a su liberación inmediata”, declaró Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, organización integrante de la FIDH.
José Aylwin, vicepresidente de la FIDH, sostuvo que la muerte del dirigente debía ser investigada y sancionada, mientras Carin Benninger-Budel, secretaria general adjunta de la OMCT, pidió esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y garantizar la protección de su familia.
Dos días después, el 5 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Rivera bajo custodia estatal y denunció las detenciones ocurridas cuando sus familiares intentaron recuperar el cuerpo.
“Según información pública verificada, el régimen Ortega-Murillo negó la entrega de su cuerpo a los familiares y miembros de la comunidad que llegaron a reclamarlo, varios de ellos fueron detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero”, señaló la CIDH.
El organismo exigió al Estado garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su custodia, liberar a los detenidos por motivos políticos, incluidos los familiares de Rivera, y respetar el derecho de la familia a conocer la verdad.
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