El despojo de nueve jubilados estadounidenses en Playa Gavilán, Tola, llamó la atención sobre un fenómeno que, según el economista y ex preso político Juan Sebastián Chamorro, podría atraer la atención del Departamento de Estado de Estados Unidos. La confiscación fue valuada en más de USD 10 millones.
Los propietarios habían llegado a Nicaragua durante la década de 2000 y terminaron de construir sus viviendas en 2010, de acuerdo con los testimonios recogidos por Confidencial.digital.
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El caso, señaló Chamorro, se suma a lo que estimó en al menos 370 propiedades transferidas al Instituto de Seguridad Social (INSS) durante los últimos dos años, que a su juicio procederían de confiscaciones ilegales.
El mecanismo de transferencia de bienes al INSS
El economista describió el procedimiento que, a su entender, se aplicó en estos casos. Según su relato, la Procuraduría General de Justicia ejecuta el despojo y luego entrega los inmuebles al INSS, que puede transferirlos a terceros mediante ventas o contratos de alquiler. Chamorro sostuvo que ese circuito ya se habría aplicado contra cientos de propietarios nicaragüenses antes del caso de Tola.
Chamorro, ex coordinador de la Coalición Nacional (CxL) en el exilio y quien afirmó haber sido también objeto de una confiscación en las isletas de Granada, planteó que las autoridades modificarían los números de asiento de los registros inmobiliarios.
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“Han inventado un número que es indescifrable para que los confiscados no puedan saber el traspaso de la confiscación de la Procuraduría al INSS”, dijo Chamorro a Confidencial.digital. A su entender, esa práctica buscaría impedir que se conozcan la ubicación, el valor y los destinatarios finales de los inmuebles.
El economista indicó, además, que la falta de registros accesibles le impide calcular con precisión el alcance total de los despojos, que —según su señalamiento— afectarían a particulares, empresas, medios de comunicación, asociaciones civiles e instituciones de la Iglesia católica.
Los bienes confiscados, observó, no pueden trasladarse ni ocultarse físicamente, por lo que los vecinos suelen reconocer a sus antiguos dueños. Esa circunstancia, consideró, podría dificultar la incorporación de esas propiedades al mercado inmobiliario y facilitar que terminen en manos de personas cercanas al poder, aunque no precisó casos concretos de esa reasignación.
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Chamorro vinculó el traslado de activos hacia el INSS con lo que calificó como un déficit operativo de la institución superior al 2% del producto interno bruto (PIB), al que describió como una situación de quiebra. También mencionó que un 10% del territorio nacional habría sido concedido a empresas chinas para actividades mineras, en zonas donde —según dijo— se han denunciado otros despojos.
El precedente de BHMB y las vías de reclamo internacional
La situación de los jubilados estadounidenses se conoció en paralelo a un reporte reciente del Departamento de Estado sobre el clima de inversiones en Nicaragua, que examinó las confiscaciones, el papel de la Procuraduría y la aplicación de la Ley de las Fronteras en una franja de 10 kilómetros. Ese informe, según Chamorro, también mencionó un trato desigual y favoritismo hacia inversionistas chinos.
El economista citó como antecedente lo ocurrido en 2025, cuando la empresa minera BHMB, propiedad de un inversionista estadounidense, denunció la confiscación de sus operaciones. El caso derivó en sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos contra funcionarios públicos, y tras una demanda contra el Estado, la compañía recuperó el plantel, aunque no se divulgaron los términos del acuerdo.
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A partir de ese antecedente, Chamorro planteó que “las confiscaciones, así como se hacen, se pueden deshacer”. Para los afectados en Tola, sugirió la posibilidad de acudir a tribunales de Estados Unidos, a las reglas del CAFTA de protección de inversiones y a instancias internacionales.
El economista consideró, en su visión, que “no existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros” dentro del país, aunque remarcó que los propietarios nicaragüenses enfrentarían mayores obstáculos que los extranjeros para reclamar sus bienes.
En su propio caso, explicó que incorporó el decreto de confiscación de su propiedad de Granada a una causa internacional por violaciones de derechos, aunque aclaró que no puede usarlo ante tribunales nicaragüenses.
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La resolución de la OEA exige la devolución de bienes y nacionalidades
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 2 de octubre, con el consenso de 32 países, una resolución que exige al Estado de Nicaragua devolver los bienes confiscados y restituir la nacionalidad a 452 nicaragüenses que fueron despojados de ella. El texto reclama también el regreso seguro de los exiliados, la devolución de activos a medios de comunicación y condiciones para elecciones libres y transparentes.
La resolución contempla un plazo de 90 días y la posterior formación de una delegación de alto nivel, que deberá presentar recomendaciones sobre medidas políticas y diplomáticas. Chamorro planteó que esas acciones podrían incluir componentes financieros y económicos, aunque reconoció que tales medidas no figuraron en la versión consensuada del texto.
El economista consideró, como posibilidad, que Estados Unidos y Canadá podrían adoptar medidas unilaterales que complementen la respuesta regional. Entre las eventuales vías mencionó procesos judiciales vinculados con tortura, narcotráfico, terrorismo o relaciones con Irán, aunque calificó como poco probable una intervención militar.
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El Consejo de Europa, por su parte, prorrogó por un año las sanciones de la Unión Europea contra 21 funcionarios y tres entidades estatales nicaragüenses: TELCOR, la Policía y el Consejo Supremo Electoral. Chamorro consideró insuficiente mantener esa lista sin incorporar a más personas e instituciones que, a su juicio, estarían vinculadas con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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